HONDURAS

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

 

DECRETO NO.73-96

PUBLICACION: DIARIO OFICAL LA GACETA No: 28,053

FECHA: JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE 1996

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 del mes de mayo de mil novecientos noventa, mediante

Decreto No.75-90, el Estado de Honduras ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño,

instrumento que reúne los principios esenciales para garantizar a la niñez el acceso a su bienestar

general.

 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece que es deber del Estado

proteger a la infancia y que la niñez gozará de la protección prevista en los acuerdos internacionales

que velan por sus derechos.

 

CONSIDERANDO: Que la sociedad hondureña está urgida de plantear respuestas acordes a esa

realidad y que permitan a la niñez el goce de sus derechos y la comprensión de sus

responsabilidades.

 

CONSIDERANDO: Que es atribución del Soberano Congreso Nacional de la República crear,

reformar las leyes.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

EL SIGUIENTE:

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

 

TITULO I

DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

 

CAPITULO UNICO

DE LA NATURALEZA, OBJETO Y FUENTES DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE CODIGO

 

ARTICULO 1. Las disposiciones contenidas en este Código son de orden público y los derechos

que establecen en favor de los niños son irrenunciables e intransigibles.

 

Para todos los efectos legales se entiende por niño o niña a toda persona menor de dieciocho años.

 

La niñez legal comprende los períodos siguientes: La infancia que se inicia con el nacimiento y termina a los doce (12) años en los varones y a los catorce (14) años en las mujeres y la adolescencia que se inicia en las edades mencionadas y termina a los dieciocho (18) años. Los mayores de esta edad pero menores de veintiún (21) años toman el nombre de menores adultos.

 

En caso de duda sobre la edad de un niño, se presumirá mientras se establece su edad efectiva que no ha cumplido los dieciocho (18) años.

 

ARTICULO 2. El objetivo general del presente Código es la protección integral de los niños en los términos que consagra la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la modernización e integración del ordenamiento jurídico de la República en esta

materia.

 

Por protección integral se entenderá el conjunto de medidas encaminadas a proteger a los niños individualmente considerados y los derechos resultantes de las relaciones que mantengan entre sí y con los adultos.

 

Con tal fin, el presente Código consagra los derechos y libertades fundamentales de los niños; establece y regula el régimen de prevención y protección que el Estado les garantiza para asegurar su desarrollo integral, crea los organismos y procedimientos necesarios para ofrecerles la protección

que necesitan; facilita y garantiza su acceso a la justicia y define los principios que deberán orientar las políticas nacionales relacionados con los mismos.

 

ARTICULO 3. Constituyen fuentes del Derecho aplicable a los niños:

1. La Constitución de la República;

2. La Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados o convenios de los que Honduras forme parte que contengan disposiciones relacionadas con aquéllos;

3. El presente Código; y,

4. El Código de Familia y las leyes generales y especiales vinculadas con los niños.

 

ARTICULO 4. En la aplicación de las disposiciones relacionadas con la niñez los órganos competentes se ajustarán a la siguiente jerarquía normativa:

 

1. La Constitución de la República;

2. Los tratados o convenios a que se refiere el numeral 2 del artículo precedente;

3. El presente Código;

4. El Código de Familia;

5. Las demás leyes generales o especiales en lo que no se opongan a lo estatuido en este instrumento;

6. Los reglamentos de las leyes a que se refiere el numeral anterior;

7. La jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia relacionada con los niños; y,

8. Los principios generales del Derecho.

 

ARTICULO 5. Las disposiciones de este Código se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección a los niños.

 

Se interpretarán y aplicarán, además, teniendo en cuenta que los tratados y convenciones sobre los niños aprobados y ratificados por Honduras prevalecen sobre el Derecho Interno.

 

ARTICULO 6. El Gobierno de la República, por medio de los organismos que más adelante se determinan, velará por el estricto cumplimiento de los derechos de los niños establecidos en este Código y en los tratados o convenios internacionales de los que Honduras forme parte.

 

Con tal fin, adoptará las medidas económicas, sociales y culturales que sean necesarias para brindarle apoyo a la familia y a la comunidad, con miras a crear condiciones que hagan posible el sano y pleno desarrollo de los niños.

 

ARTICULO 7. Los jueces y los funcionarios administrativos que conozcan de asuntos relacionados con uno o más niños tendrán en cuenta, al apreciar los hechos, los usos y costumbres prevalecientes en el medio social y cultural de que aquéllos provengan.

 

En su caso, consultarán, además, a las autoridades tradicionales de la comunidad, cuyas recomendaciones tendrán en cuenta siempre que no sean contrarias a la ley y que no atenten contra el interés de los niños.

 

ARTICULO 8. Las decisiones que el Gobierno adopte en relación con la niñez deben hacer posible la actuación armónica y complementaria de los sectores públicos y privado.

 

ARTICULO 9. Los funcionarios y empleados públicos, incluidos los que prestan sus servicios al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo y a los organismos descentralizados del Estado, así como los militares en servicio activo y las autoridades de policía y municipales, estarán obligados, dentro de

sus respectivas competencias, a prestarle a las autoridades facultadas para conocer asuntos relacionados con la niñez la ayuda que requieran para el logro de sus cometidos y a poner en su conocimiento las acciones u omisiones que atenten contra aquélla.

 

ARTICULO 10. Las autoridades administrativas y judiciales resolverán con preferencia a cualesquiera otros los asuntos relacionados con la niñez, excepto, en el caso de las segundas, los que tengan que ver con la acción de exhibición personal o habeas corpus.

 

TITULO II

DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS NIÑOS

 

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS EN GENERAL

 

ARTICULO 11. Los niños tienen derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad, a la libertad personal a la de expresar sus opiniones, a la nacionalidad, a la identidad al nombre y a la propia imagen, a la educación, a la cultura, al deporte, a la recreación y al tiempo libre, al medio ambiente y los recursos naturales, a la familia y a los demás que señale la Convención sobre los Derechos del Niño, el presente Código y demás leyes generales o especiales.

 

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS A LA VIDA,

A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 

SECCION PRIMERA

DEL DERECHO A LA VIDA

 

ARTICULO 12. Todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de su concepción.

 

El Estado protegerá este derecho mediante la adopción de las medidas que sean necesarias para que la gestación, el nacimiento y el desarrollo ulterior de la persona se realicen en condiciones compatibles con la dignidad humana.

 

ARTICULO 13. Corresponde al Estado, por medio de las entidades de Salud Pública, brindarle a la madre y al niño, en las etapas prenatal, natal y postnatal, atención médica especializada y, en caso de necesidad, apoyo alimentario.

 

ARTICULO 14. Los hospitales y demás establecimientos públicos y privados de atención a la salud deberán:

a) Ofrecer al cónyuge o compañero de hogar de la gestante, y a esta misma, orientación sobre el parto y sobre los cuidados personales de aquélla y del niño;

b) Mantener un registro de los casos atendidos por medio de fichas médicas individuales en las que constarán el nombre, apellidos y demás generales del padre y de la madre, la atención brindada, el desarrollo del embarazo y del parto y, en su caso, de la situación postnatal de la madre y del niño.

c) Identificar al recién nacido y a su madre mediante el registro de la impresión palmar y plantar del primero y de la impresión digital de la segunda, sin perjuicio de otros métodos de identificación.

d) Someter a exámenes al recién nacido a fin de determinar su estado físico y de saber si ha sido tratado adecuadamente y proporcionarle una tarjeta básica de crecimiento, desarrollo y vacunación;

e) Dar cuenta del nacimiento y de la defunción, en su caso, al Registro Nacional de las Personas, dentro del plazo establecido en la ley respectiva;

f) Diagnosticar y hacer el seguimiento médico de los niños que nazcan con alguna patología o que sean discapacitados física o mentalmente o cuyo peso sea inferior a dos mil quinientos (2,500) gramos, y orientar a los progenitores sobre las formas en que deben ser tratados;

g) Expedir sin tardanza el informe del nacimiento y las incidencias del parto y, en su momento, del alta otorgada por el médico.

En caso de muerte del recién nacido, la madre recibirá su cuerpo. En caso de fallecimiento de la madre, el niño será entregado a su padre y, a falta de éste, a su pariente por consanguinidad más cercano. Si nadie reclama el cadáver dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, se pondrá a disposición de la autoridad competente;

h) Asegurar la permanencia del recién nacido junto a su madre, a menos que sea perjudicial para alguno de ellos;

i) Establecer un plan de seguimiento para asegurar el sano desarrollo del niño; y

j) Estimular la lactancia materna durante los primeros seis (6) meses de vida de los niños y facilitar a éstos, en su caso, los alimentos y medicamentos complementarios que requieran hasta el segundo año de vida, por lo menos.

 

ARTICULO 15. Se prohibe la experimentación o manipulación genética contrarias a la integridad y al desarrollo físico, mental o moral del ser humano.

 

SECCION SEGUNDA

DEL DERECHO A LA SALUD

 

ARTICULO 16. Todo niño tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.

Corresponde a sus padres o representantes legales, fundamentalmente velar por el adecuado crecimiento y desarrollo integral de los niños, así como a sus parientes por consanguinidad y afinidad y, en su defecto a la comunidad y al Estado.

 

Con tal fin, el Estado, por medio de sus instituciones especializadas:

a) Realizará campañas de orientación y educación de los niños en materia de alimentación, nutrición, salud e higiene;

b) Desarrollará programas de educación, orientación, servicio y apoyo a todos los sectores de la sociedad, en particular a los padres y madres o representantes legales de los niños, para que conozcan los principios básicos de la salud, la higiene y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna y de los programas de vacunación, prevención de accidentes y de enfermedades.

c) Establecerá servicios médicos adecuados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como para la rehabilitación y la reincorporación social del niño que ha sufrido algún quebranto de su salud.

ch) Establecerá en forma gradual y progresiva y apoyará el funcionamiento de clínicas de atención integral de la niñez y de bancos de leche materna en todo el territorio nacional.

d) Formulará y ejecutará programas de erradicación de prácticas tradicionales perjudiciales para la salud materna y de los niños;

e) Estimulará la práctica de la medicina alternativa que beneficie la salud materna y de los niños;

f) Procurará la aplicación de la tecnología disponible al suministro de alimentos nutritivos, al agua potable y al saneamiento básico y hará campañas de concientización sobre los riesgos de la contaminación del medio ambiente;

g) Fomentará la creación de servicios de rehabilitación de la niñez discapacitada y reforzará los existentes; y,

h) Incentivará la producción nacional de productos alimenticios y velará por la seguridad alimentaria de la niñez.

 

ARTICULO 17. El Estado racionalizará el uso de sus recursos financieros a fin de que los niños cuenten con servicios de salud materno infantil integrales en las comunidades en que viven o en sitios próximos.

Asignará, además, en forma prioritaria, recursos destinados al gasto social, prestándole especial atención a las áreas de la salud y de la educación.

 

ARTICULO 18. En los establecimientos médicos asistenciales, públicos y privados, se permitirá la permanencia del padre, de la madre o del representante legal del niño, y se les ofrecerán las comodidades que las circunstancias permitan.

 

ARTICULO 19. El Estado adoptará medidas preventivas de la salud de los niños y promoverá su adopción por los particulares, para lo cual pondrá en práctica:

a) La vacunación de los niños contra las enfermedades endémicas y epidémicas;

b) El suministro de vitaminas a la niñez de acuerdo con las normas establecidas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública y Asistencia Social;

c) La fluorización del agua y la yodización de la sal;

ch) La realización de programas de prevención médico odontológicos;

d) La realización de campañas de educación en salud, nutrición e higiene oral; y,

e) Las medidas necesarias para que los alumnos de las escuelas y colegios públicos y privados sean sometidos a exámenes médicos y odontológicos preventivos y para que participen en las prácticas de educación sobre salud, higiene y otras materias análogas. Los resultados de los exámenes sólo podrán ser conocidos por el profesional que los practicó, el director del centro educativo y por los padres o el representante legal.

 

Las secretarías de Estado en los Despachos de Salud Pública y Asistencia Social y de Educación Pública, en forma conjunta, reglamentarán lo prescrito en este artículo.

 

ARTICULO 20. Queda prohibido extraerle a los niños órganos, tejidos o células para ser trasplantados, excepto si ello es indispensable para salvar la vida o la salud de otros niños. Quienes infrinjan esta disposición serán sancionados de conformidad con lo prescrito por el Código Penal.

 

ARTICULO 21. Quienes expendan o donen a los niños cigarrillos, licores, sustancias estupefacientes, pegamentos, sustancias tóxicas o volátiles o cualquier otro producto que pueda provocarle daño a su salud, o los induzcan a su uso y consumo, serán sancionados con multa de tres mil (L3,000.00) a seis mil (L6,000.00) lempiras. Dicha sanción se aplicará sin perjuicio de las demás que establezcan el Código Penal u otras leyes especiales.

 

ARTICULO 22. Los centros de atención de la salud y los hospitales públicos están obligados a prestarle atención inmediata a los niños que la requieran en caso de emergencia, aun sin el consentimiento de sus padres o representantes legales. Ninguna excusa será válida para no darle cumplimiento a esta disposición. Dicha atención en caso alguno, podrá tener como propósito la ejecución de un acto considerado por el Derecho vigente como doloso o culposo.

 

Los representantes de los centros y hospitales a que este artículo se refiere adoptarán las medidas necesarias para informar a los padres o representantes legales, en el menor tiempo posible, del tratamiento dispensando a los niños.

 

 

SECCION TERCERA

DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 

ARTICULO 23. Los servicios de asistencia y previsión social recibirán y atenderán prioritariamente, a los niños en la recepción de primeros auxilios y en cualquier otra circunstancia en que requieran protección y socorro de parte de los mismos.

 

La cobertura de la seguridad social se ampliará en forma gradual y progresiva para beneficiar con ella a la niñez.

 

CAPITULO III

DEL DERECHO A LA DIGNIDAD,

A LA LIBERTAD Y A LA OPINION

 

ARTICULO 24. La dignidad forma parte de la personalidad de los niños. Es deber, por consiguiente, de todas las personas, velar por el respeto de tal derecho y de proteger a los niños contra cualquier trato inhumano, violento, aterrorizante, humillante o destructivo, aun cuando se pretenda que el mismo se debe a razones disciplinarias o correctivas y quien quiera que sea el agente activo.

 

ARTICULO 25. Habida cuenta de su madurez, los niños tendrán derecho a conocer su situación legal y a ser informados sobre las facultades o derechos de que gozan.

 

ARTICULO 26. Los derechos patrimoniales de los niños, incluida la propiedad intelectual y los derechos de autor, gozan de la protección del Estado. Las leyes especiales regularán esta materia.

 

ARTICULO 27. Los niños gozan de las libertades consignadas en la Constitución de la República, en los convenios internacionales de que Honduras forme parte y en el presente Código.

 

ARTICULO 28. Los niños, atendida su madurez y su capacidad de formarse un juicio propio, gozarán de las libertades siguientes:

a) Libertad personal;

b) Libertad de transitar libremente y de permanecer en los lugares públicos y espacios comunitarios;

c) Libertad de emisión del pensamiento y de que sus opiniones sean tomadas en cuenta en un ambiente de respeto y tolerancia.  La libertad de expresión incluye la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones, investigaciones e ideas por cualquier medio lícito;

ch) Libertad de conciencia, religión o culto;

d) Libertad de participar en la vida familiar y comunitaria sin discriminaciones de ninguna clase;

e) Libertad de asociarse, reunirse y manifestarse públicamente; siempre que los fines perseguidos sean lícitos y armónicos con la moral y las buenas costumbres; y,

f) Libertad para buscar refugio, auxilio y orientación cuando sean víctimas de algún abuso o se transgredan sus derechos.  La condición de formarse un juicio propio y la madurez serán determinadas, en caso de necesidad, mediante examen sicológico.

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de los padres o representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de los mencionados derechos.

 

CAPITULO IV

DEL DERECHO A LA NACIONALIDAD,

A LA IDENTIDAD, AL NOMBRE Y A LA PROPIA IMAGEN

 

SECCION PRIMERA

DEL DERECHO A LA NACIONALIDAD,

A LA IDENTIDAD Y AL NOMBRE

 

ARTICULO 29. Todo niño tiene derecho a una nacionalidad, a su identidad personal, a poseer un nombre y apellido y a saber quiénes son sus padres. Estos derechos son imprescriptibles.

 

ARTICULO 30. Para los efectos del artículo anterior, es obligación del padre, de la madre o de los representantes legales inscribir al recién nacido en el Registro Nacional de las Personas, de conformidad con la ley. El incumplimiento de este deber se sancionará de acuerdo con lo que prescriban las leyes especiales.

 

ARTICULO 31. El Registro Nacional de las Personas hará lo necesario para facilitar y garantizar la inscripción de los nacimientos y demás sucesos relacionados con la personalidad, así como la perpetuidad de la información.

 

SECCION SEGUNDA

DERECHO A LA PROPIA IMAGEN

 

ARTICULO 32. Es prohibida la publicación, reproducción, exposición, venta o distribución y la utilización en cualquier otra forma de imágenes de niños que hayan cometido infracciones legales o de expresiones suyas que atenten contra la moral o las buenas costumbres o que afecten su dignidad o decoro o la de terceras personas.

Es igualmente prohibida la publicación del nombre y apellidos o cualquier otro dato personal que permita identificar a un niño al que se considera responsable o víctima de una infracción legal.

Quien autorice, facilite o permita la publicación, reproducción, exposición, venta, distribución o utilización de cualquier información que violente lo dispuesto por esta norma será sancionado con una multa de cinco mil (L5,000.00) a cincuenta mil (50,000.00) lempiras, atendida la gravedad de la

infracción.

 

ARTICULO 33. En los casos a que se refiere el artículo precedente, el Juzgado de la Niñez podrá ordenar la suspensión de la publicación, reproducción, exposición, venta, distribución o acto de que se trate, hasta que se establezca su licitud o se resuelva en definitiva.

 

ARTICULO 34. Los medios de comunicación social están obligados a respetar la vida personal de los niños. No podrán, en consecuencia, publicar entrevistas, informes, noticias o datos que se relacionen con aquélla o con la de su familia o la de sus relaciones, si de cualquier modo pueden afectar su honra.

La contravención de esta norma se sancionará en la forma prevista en el artículo 32, anterior.

 

CAPITULO V

DEL DERECHO A LA EDUCACION, A LA CULTURA, AL DEPORTE Y AL TIEMPO LIBRE

 

SECCION PRIMERA

DEL DERECHO A LA EDUCACION

 

ARTICULO 35. Los niños tienen derecho a la educación, la cual será organizada por el Estado como un proceso integral y coordinado en sus diversos niveles.

 

La educación, en todos sus niveles, tenderá al logro del desarrollo de la persona humana y a prepararla para el ejercicio pleno y responsable de sus derechos y deberes. Se impartirá de manera que asegure:

a) La igualdad de oportunidades para acceder y permanecer en el sistema educativo;

b) El respeto recíproco y un trato digno entre educador y educando;

c) La impugnación ante las instancias correspondientes, de acuerdo con la ley y los reglamentos, de las evaluaciones hechas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje;

ch) La formación de organizaciones estudiantiles y juveniles o su participación o permanencia en las mismas;

d) La participación en programas de becas de estudio; y,

e) El acceso a escuelas públicas gratuitas cercanas a su residencia.

 

ARTICULO 36. El derecho a la educación incluye el de tener acceso a una instrucción actualizada y de calidad, acorde con las necesidades de la persona y de la sociedad. Incluye también el derecho de gozar de un ambiente favorable para el aprendizaje tanto en el sistema educativo formal como en el no formal.

Son deberes del Estado en este campo:

a) Asegurar la enseñanza primaria, laica, obligatoria y gratuita;

b) Hacer obligatoria, en forma progresiva, la educación media;

c) Establecer y promover servicios de atención y educación especial para los niños discapacitados y para quienes tengan un nivel de inteligencia superior;

ch) Prestar, dentro de las posibilidades presupuestarias, servicios de guardería preescolar y escolar a niños hasta de seis años;

d) Fomentar la educación física y los deportes;

e) Estimular la educación en salud y relaciones familiares;

f) Incentivar la enseñanza en áreas creativas, artísticas y especializadas; y,

g) Establecer servicios de asistencia para los alumnos carentes de recursos económicos a fin de que puedan gozar de los beneficios de la educación. Dentro de estos servicios debe quedar incluido el otorgamiento de becas de estudio para el cinco por ciento (5%), por lo menos, del alumnado de cada establecimiento educativo público o privado.

 

ARTICULO 37. La educación que se imparta en los establecimientos privados será supervisada, controlada y estimulada por el Estado.

 

ARTICULO 38. El padre y la madre, así como los representantes legales de los niños y sus maestros, son responsables de su educación.

 

ARTICULO 39. Las autoridades escolares, los padres o representantes legales de los niños y los maestros velarán porque el ambiente y tratamiento escolar constituyan un incentivo para evitar la deserción, la repitencia y el ausentismo.

 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública adoptará las medidas que sean necesarias para que se cumpla el principio de la educación obligatoria. Pondrá en práctica, además, programas alternativos de enseñanza adecuada para la niñez que trabaja.

 

ARTICULO 40. La educación estará orientada a:

a) Desarrollar al máximo de sus posibilidades la personalidad, aptitudes, talentos, capacidad mental y física de los niños;

b) Inculcar en los niños el respeto y amor a sus padres y demás miembros de su familia, a la propia identidad cultural, al idioma y a los valores humanos nacionales y de otras culturas;

c) Difundir el respeto de los derechos humanos y los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución de la República, así como el conocimiento de la historia y de la geografía nacionales;

ch) Capacitar a los niños para que puedan desenvolverse responsable y solidariamente durante la vida y puedan contribuir a crear y mantener una sociedad libre, democrática, tolerante, pacífica, igualitaria y amistosa con los demás pueblos;

Desarrollar programas en todos los niveles educativos sobre formación de Valores Humanos y Familiares con el objeto de crear conciencia en los niños de la responsabilidad que conlleva ser padres de familia;

d) Crear en los niños un sentido de respeto por el medio ambiente;

e) Incentivar en los niños el conocimiento de sus deberes y derechos y un hondo sentido de responsabilidad;

f) Orientar y capacitar a los niños para que en la edad adulta consideren a la familia como un bien primordial y el trabajo como un medio indispensable realizarse y promocionar el desarrollo económico y social del país;

g) Formar a los niños de modo que en la edad adulta puedan hacer un aprovechamiento adecuado de la naturaleza, de la ciencia y de la tecnología; y,

h) Contribuir a la conservación de la salud, a la formación y elevación espiritual del ser humano y al sostenido mejoramiento de la sociedad nacional.

 

ARTICULO 41. La enseñanza será libre, aunque se orientará a alcanzar los fines previstos en la Constitución de la República, en el presente Código y en las leyes educativas.

 

ARTICULO 42. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y las universidades privadas, sin menoscabo de sus respectivas competencias, realizarán las investigaciones, estudios y trabajos que sean necesarios para renovar la enseñanza tomando como base las necesidades sociales y de la producción, así como las variables culturales, étnicas, linguísticas y de género, evitando toda forma de discriminación.

 

ARTICULO 43. Los educandos, así como sus padres o representantes legales, tienen el derecho

de obtener información sobre los procesos pedagógicos y el de elegir la institución donde los primeros han de cursar sus estudios. Los padres o el representante legal, en su caso, tienen derecho de participar en la definición de propuestas educacionales.

 

ARTICULO 44. Los centros de enseñanza primaria y secundaria procurarán brindarle a los educandos, además de la educación ordinaria, el aprendizaje de un arte u oficio acorde con la vocación y la capacidad de aquéllos y las posibilidades económicas y técnicas de dichos centros.

 

ARTICULO 45. Todos los centros de educación preescolar, primaria y secundaria deberán ser previamente autorizados por el Poder Ejecutivo para prestar sus servicios. Dicho Poder, asimismo, a través de las Secretarías de Estado en los Despachos de Educación Pública y de Salud Pública, dentro de la esfera de sus atribuciones, vigilará y fiscalizará el funcionamiento de aquéllos.

 

SECCION SEGUNDA

DEL DERECHO A LA CULTURA

 

ARTICULO 46. Los niños, atendida su edad y su vocación, tienen derecho a participar en la vida cultural y artística del país. Las entidades estatales encargadas de la educación, la cultura y el turismo promoverán oportunidades para el logro de tal fin.

En el proceso educativo global, formal y no formal, se respetarán los valores culturales, artísticos e históricos propios del contexto social del niño y deberá garantizarles la libertad de creación y el acceso a las fuentes de cultura.

 

ARTICULO 47. Las corporaciones municipales, apoyadas por el Poder Ejecutivo, estimularán y facilitarán la asignación de recursos humanos y materiales para la ejecución de programas culturales dedicados a la niñez.

 

ARTICULO 48. Los espectáculos públicos de carácter cultural dirigidos a la niñez gozarán de un tratamiento de favor en el régimen tributario nacional y municipal.

En tales espectáculos serán admitidos en forma gratuita los niños que formen parte de programas de protección de la niñez. Las corporaciones municipalidades, además, tendrán derecho a un determinado número de entradas para ser repartidas gratuitamente entre los niños de escasos recursos económicos.

Los espectáculos organizados sin fines de lucro en beneficio de la niñez no estarán sujetos al pago de impuestos, pero el Estado fiscalizará el destino de las recaudaciones.

 

ARTICULO 49. El Consejo Nacional de la Juventud, dependiente del Congreso Nacional, colaborará con la Secretaría de Estado y las Artes para promover, financiar y supervisar la formación de asociaciones de niños que tengan como finalidad investigar y divulgar las tradiciones nacionales.

 

ARTICULO 50. Los niños tienen derecho a conocer la información proveniente de fuentes nacionales y extranjeras compatible con lo dispuesto en este Código, en particular aquella que tenga como finalidad promover el bienestar social, espiritual y moral de las personas o su salud física o mental. Tienen derecho, igualmente, al respeto de sus formas culturales. Para hacer efectivos estos derechos el Estado:

a) Requerirá a los medios de comunicación social la difusión de informaciones y materiales de interés social y cultural dirigidos a la niñez;

b) Promoverá la producción, difusión y lectura de literatura infantil y juvenil;

c) Estimulará a los medios de comunicación para que produzcan y difundan programas de interés social y cultural acordes con las necesidades lingüísticas de los niños, en especial para aquellos que pertenezcan a grupos étnicos autóctonos y garífunas;

ch) Controlará, por medio de las Secretarías de Estado en los Despachos de Educación Pública y de Cultura y las Artes, así como de la Junta Nacional de Bienestar Social, el contenido de los materiales destinados a la niñez y adoptará medidas para que se difundan en horarios especiales; y

d) Velará porque no circulen entre los niños libros, folletos o escritos de cualquier clase, afiches, propaganda, videos, programas de televisión o de computación u otros medios visuales o audiovisuales en los que figuren imágenes o contenidos pornográficos o que promuevan la violencia o el desconocimiento de los derechos de aquéllos. La violación de esta norma será sancionada con multa hasta de cien mil lempiras (L100,000.00).

 

 

SECCION TERCERA

DEL DERECHO AL DEPORTE, A LA RECREACION

Y AL TIEMPO LIBRE

 

ARTICULO 51. El Estado propiciará condiciones para que los niños disfruten de manera efectiva del derecho al descanso, al esparcimiento y al deporte teniendo en cuenta su condición de personas en desarrollo. Cuidará, asimismo, de que los niños no tengan acceso a diversiones, espectáculos y recreaciones que puedan afectar su desarrollo físico, psíquico o moral.

 

ARTICULO 52. Los niños tendrán libre acceso a los campos deportivos, gimnasios y demás infraestructura oficial destinada a la práctica de deportes o de actividades recreativas.

 

El uso de las instalaciones deportivas y de recreación a que se refiere el párrafo anterior, no se restringirá ni aun en períodos de vacaciones, salvo en los casos que con carácter general determinen los reglamentos.

 

Los centros de enseñanza privados y semipúblicos pondrán sus instalaciones deportivas o recreativas a disposición de la niñez para coadyuvar a su sano centro.

 

ARTICULO 53. Las corporaciones municipalidades deberán asegurarse de que en toda planificación y lotificación urbana se reserven espacios adecuados y suficientes para campos deportivos, parques y áreas al aire libre dedicadas a la recreación. Dichos espacios no podrán destinarse a otros fines ni ser transferido su dominio a los particulares.

 

CAPITULO VI

DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

Y A LOS RECURSOS NATURALES

 

ARTICULO 54. Los niños tienen derecho a gozar de un ambiente sano y al conocimiento y buen uso de los recursos naturales.

 

ARTICULO 55. El Estado, en la formulación de la política ambiental, establecerá programas para educar a la niñez en la protección, conservación, restauración y manejo sostenible y racional del medio ambiente y de los recursos naturales.

 

CAPITULO VII

DE LOS DERECHOS FAMILIARES

 

SECCION PRIMERA

DE LAS RELACIONES DE FAMILIA EN GENERAL

 

ARTICULO 56. Para todos los efectos legales, familia es la institución integrada por los padres biológicos o adoptivos y por los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que tiene como finalidad la conservación, propagación y desarrollo, en todas las esferas de la vida, de la especie humana.

 

ARTICULO 57. A los padres corresponde dirigir las personas de sus hijos menores no emancipados, protegerlos, representarlos y administrar sus bienes.

 

Los niños no podrán ser separados de su familia natural sino sólo en las circunstancias especiales que determine la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos.

 

Salvo lo dispuesto en el presente Código, las relaciones de familia, en general, y las relaciones paterno-filiales, en particular, se regirán por lo estatuido en el Código de Familia.

 

ARTICULO 58. El Estado fomentará la estabilidad familiar y el bienestar de sus miembros y le prestará servicios especiales de asistencia a las familias más pobres para que puedan cumplir las obligaciones resultantes del presente Código, del Código de Familia y de las demás leyes relacionadas con ésta.

 

ARTICULO 59. El padre y la madre o los representantes legales de un niño procurarán resolver en forma directa las diferencias que se susciten en relación con sus condiciones, mantenimiento, guarda y educación. De persistir la discrepancia, se estará a lo dispuesto por el Código de Familia.

 

Cuando surja una diferencia entre un niño mayor de dieciséis (16) años y las personas a cuyo cargo se encuentre, prevalecerá la opinión que más corresponda a lo prescrito por este Código y el Código de Familia.

 

ARTICULO 60. En todas las diligencias que tiendan a determinar la filiación de un niño éste será escuchado si su madurez lo permite.

 

ARTICULO 61. A falta de la familia natural o adoptiva, o si existe amenaza o violación de los derechos del niño dentro de su familia, éste será puesto bajo el cuidado de un tutor.

 

SECCION SEGUNDA

DE LA ADOPCION

 

ARTICULO 62. La adopción es una institución jurídica de protección que tiene por finalidad incorporar en la familia, en condiciones iguales o similares a las de un hijo nacido de una relación conyugal, a una persona que biológicamente no desciende del adoptante a fin de que pueda alcanzar su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

 

ARTICULO 63. Los menores indígenas y garífunas sólo podrán ser dados en adopción si se encuentran abandonados fuera de la comunidad en que viven sus padres biológicos.

 

No obstante lo previsto en el párrafo precedente se procurará, en primer término, la reincorporación del niño a la señalada comunidad si en ella existen condiciones para que reciba la debida protección.

 

En caso de que la situación de abandono se presente dentro de la comunidad a que se hace referencia, se respetarán los usos y costumbres de ésta en cuanto no perjudiquen los intereses superiores del niño.

 

ARTICULO 64. Queda prohibida la adopción del niño que está por nacer.

Dentro de esta prohibición queda incluida la procreación mediante inseminación artificial que tenga como finalidad que el niño figure como hijo de persona distinta de la que hizo posible su vida. 

 

ARTICULO 65. Por la adopción, el adoptado deja de pertenecer a su familia natural y se extingue el parentesco por consanguinidad que exista con los miembros de aquélla, salvo para efectos matrimoniales.

 

Empero, si el adoptante es el cónyuge del padre o madre de sangre del adoptado, éste conservará los vínculos de consanguinidad que lo unen con su padre o con su madre y con los parientes por consanguinidad de aquél o de ésta.

 

ARTICULO 66. Adoptado un niño, nadie podrá ejercitar acción alguna para establecer su filiación consanguínea ni para reconocerlo como hijo.

 

ARTICULO 67. La adopción establece parentesco civil entre el adoptante y el adoptado y los parientes por consanguinidad o por adopción de aquél.

 

A partir de la fecha de inscripción de la adopción en el Registo Civil, el adoptado llevará los apellidos de los adoptantes.

 

ARTICULO 68. Quedan abolidas las clasificaciones de la adopción que figuran en el Código de Familia. A partir de la vigencia del presente instrumento todas las adopciones serán plenas.

 

ARTICULO 69. Ninguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá ejecutar en el territorio nacional proyectos que tengan como finalidad la crianza de niños con el propósito de entregarlos en adopción o bajo cualquier otro concepto a terceras personas.

 

ARTICULO 70. Ninguna autoridad permitirá el desarrollo de programas de adopción franca o encubierta, quienquiera que sea la persona interesada, ni que se recompense a los padres por la entrega que hagan de sus hijos a un adoptante o que se ejerza sobre ellos presión alguna para obtener su consentimiento. El incumplimiento de esta disposición será justa causa de despido del empleado o funcionario infractor.

 

ARTICULO 71. La Junta Nacional de Bienestar Social velará por el estricto cumplimiento de lo prescrito en los dos artículos anteriores.

 

La contravención de lo establecido en los mismos será sancionada con multa de cincuenta mil (L50,000.00) a cien mil lempiras (L100,000.00), sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga el Código Penal.

 

ARTICULO 72. La adopción se regirá, en lo no previsto en esta Sección, por lo dispuesto en el Código de Familia.

 

SECCION TERCERA

DE LOS ALIMENTOS

 

ARTICULO 73. Para todos los efectos legales, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del niño.

 

Los alimentos comprenden, además, la obligación de proporcionar a la madre los gastos ocasionados por el embarazo y el parto.

 

ARTICULO 74. La mujer grávida podrá reclamar alimentos al padre del niño que está por nacer. 

 

ARTICULO 75. Si después de dos citaciones el obligado a suministrar alimentos no comparece aun cuando se le haya dado a conocer el contenido de la demanda, el juez fijará prudencial y provisionalmente los alimentos.

 

La resolución recaída tendrá el carácter de título ejecutivo.

 

ARTICULO 76. La demanda de alimentos y la contestación podrán presentarse verbalmente o por escrito ante el juzgado competente. En el primer caso se levantará acta que firmarán el Secretario del respectivo juzgado y el demandante y demandado, en su caso.

 

Las demandas escritas de alimentos que adolezcan de defectos, serán corregidas por el Secretario.

Si el demandante es notoriamente pobre y falta algún documento que no esté en posibilidad de presentar con la demanda, el Juez, a solicitud de parte o de oficio y previo informe del Secretario, ordenará a la autoridad correspondiente que gratuitamente lo expida y lo remita a su despacho.

 

ARTICULO 77. En el juicio de alimentos a que este Código se refiere no podrán proponerse excepciones dilatorias.

 

ARTICULO 78. El juez podrá, a solicitud de parte o de oficio, ordenar que se den alimentos provisionales desde la admisión de la demanda si aparece prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado y de la existencia de la obligación alimentaria. Dará inmediato aviso, además, a las autoridades migratorias para que el demandado no pueda ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la señalada obligación.

 

Los alimentos provisionales se concederán sin perjuicio del reembolso de su valor, si el demandado prueba que no está obligado a proveerlos.

 

ARTICULO 79. Para los efectos de fijar alimentos en el proceso, el juez, el Ministerio Público y la parte interesada podrán solicitar al respectivo patrono certificación de los ingresos del demandado.

Los dos primeros podrán, asimismo, solicitarle a la Dirección Ejecutiva de Ingresos constancia de la última suma declarada en concepto de ingresos por la misma persona.

 

Cuando no sea posible acreditar el monto de los ingresos del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, su posición social, sus costumbres y, en general, todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso, se presumirá que devenga al menos el salario promedio que paga el correspondiente patrono.

 

ARTICULO 80. Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga respecto de un niño, no será escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en el ejercicio de otros derechos sobre aquél.

 

El juez dispondrá, cuando fuere necesario, la custodia y cuidado del niño en cuyo nombre se inició el proceso, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes.

 

______________________________________________________________

 

ARTICULO 81. Si los bienes o los ingresos de la persona obligada a suministrar los alimentos a

que este Código se refiere se hallaren embargados por virtud de una acción anterior fundada en

alimentos o se encontraren afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio

o a solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el

conocimiento de los distintos procesos para el solo efecto de señalar la cuantía de las varias

pensiones alimenticias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los

diferentes beneficiarios.

 

ARTICULO 82. Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria

potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Sin embargo, esta obligación termina cuando

el niño es adoptado por otra persona.

 

LIBRO II

 

DE LA PROTECCION DE LOS NIÑOS

 

TITULO I

 

DE LA PROTECCION PREVENTIVA DE LOS NIÑOS

 

CAPITULO I

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 83. La protección de la niñez es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, pero

su cuidado directo corresponde a los padres o a sus representantes legales y, a falta de ellos, al

Estado.

 

Tal protección se brindará con estricto apego a lo prescrito por este Código, por el Código de

Familia y demás disposiciones legales aplicables a la niñez.

 

ARTICULO 84. Todos los días y horas son hábiles para atender los casos relacionados con la

niñez. Incurrirán en responsabilidad civil, penal y administrativa las autoridades que sin causa

justificada desatiendan los asuntos que sean sometidos a su conocimiento.

 

ARTICULO 85. Todos los asuntos relacionados con la niñez serán confidenciales, por lo que el

contenido de los respectivos expedientes sólo podrá ser conocido por las partes y por los

empleados o funcionarios directamente involucrados en su tramitación.

 

Sólo a petición de los representantes legales y de las autoridades competentes se extenderán

constancias o certificaciones sobre las aprehensiones y procedimientos relacionados con niños.

 

Los medios de comunicación se abstendrán de hacer publicaciones de cualquier clase sobre la

participación que haya tenido un niño en actos ilícitos, bien sea como sujeto activo o pasivo.

 

Quienes violen lo dispuesto en este artículo serán sancionados en la forma prevista en el artículo 32,

precedente.

 

ARTICULO 86. Una vez cumplidas las medidas impuestas a un niño o que haya prescrito la acción

correspondiente, se archivarán las respectivas diligencias. Estas permanecerán bajo custodia de la

Secretaría del juzgado que haya conocido del asunto, la que será responsable de su secretividad.

 

ARTICULO 87. Los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la niñez tendrán

una función formativa e informativa. Los mismos deben hacer posible que el niño se mantenga

informado, atendidas su edad y su madurez, sobre el significado de cada fase del procedimiento y el

sentido de las resoluciones, a fin de que se valore a sí mismo como persona humana y pueda

desenvolverse con la responsabilidad propia de su edad.

 

ARTICULO 88. Las autoridades competentes y los parientes de los niños deberán fomentar su

sentido de sociabilidad para facilitar la solución de los problemas que enfrenten.

 

ARTICULO 89. Mientras se agotan los procedimientos a que esté sujeto un niño las autoridades

procurarán que permanezca con sus padres o representantes legales, salvo que esto sea

 

inconveniente para aquél. En este último caso, se pondrá al niño bajo la guarda y cuidado de otra

persona de reconocida honorabilidad, escogida, preferentemente, de entre sus parientes por

consanguinidad más próximos.

 

ARTICULO 90. No se permitirá ningún perdón, expreso o tácito, de parte del agraviado o de sus

padres o representantes legales, para los transgresores de los derechos de un niño.

 

ARTICULO 91. Las medidas de protección de los niños se aplicarán teniendo en cuenta sus

necesidades y la conveniencia de fortalecer sus vínculos familiares y comunitarios.

 

ARTICULO 92. Los jueces y demás autoridades que conozcan de asuntos relacionados con los

niños adoptarán, siempre que su edad y situación lo permitan, las medidas siguientes:

 

a) Hacer que se inscriban en el Registro Civil;

 

b) Matricularlos en el sistema educativo nacional, vigilar su asistencia y aprovechamiento escolar e

interesarse porque participen y cooperen con asociaciones de alumnos y organizaciones de padres

de familia;

 

c) Velar porque reciban el tratamiento que necesiten;

 

ch) Vigilar a quienes los tienen bajo su cuidado para que actúen correctamente con ellos y les

ayuden a enmendar su conducta, en su caso; y

 

d) Asegurarse de que sus agresores no se mantengan en contacto con ellos.

 

CAPITULO II

 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

 

ARTICULO 93. El gobierno adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir y, en su

caso, sancionar, las amenazas o las violaciones a los derechos de los niños.

 

ARTICULO 94. Los medios de comunicación, en forma permanente, insertarán programas

culturales, artísticos,

 

informativos y educativos que inculquen a los niños, los valores familiares, sociales y civicos o que

tengan como finalidad prevenir amenazas o violaciones de sus derechos.

 

Los medios de comunicación clasificarán sus programas teniendo en cuenta la edad de las personas

a efecto de que los padres o representantes legales de los niños puedan orientarlos sobre la

conveniencia o no de presenciarlos o escucharlos.

 

ARTICULO 95. La exhibición pública de revistas o de cualquier otra clase de publicaciones que

atenten contra los derechos de la niñez queda prohibida. La contravención de esta disposición será

sancionada de conformidad con lo prescrito por el Código Penal.

 

ARTICULO 96. Ninguna persona natural o jurídica podrá vender, donar o entregar a un niño, a

cualquier título:

 

a) Armas, municiones, explosivos y pólvora en general;

 

b) Fuegos artificiales, salvo aquellos que carezcan de poder explosivo; y,

 

c) Material pornográfico o cuyo contenido induzca a la

 

violencia, a la perversión, a la degradación o a la delincuencia.

 

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado con multa hasta de cincuenta mil lempiras

(Lps.50,000.00), sin perjuicio de las demás medidas civiles, administrativas y penales que sean

aplicables.

 

ARTICULO 97. Los niños no podrán ingresar ni permanecer en establecimientos comerciales en

los que se expendan bebidas alcohólicas ni en casas de juego y apuestas, moteles, casas de

prostitución, clubes nocturnos u otros análogos.

 

Los propietarios de dichos establecimientos estarán obligados a dar a conocer esta prohibición

mediante aviso que colocarán en un lugar visible de la entrada de aquéllos y, en su caso, a evitar que

los niños permanezcan en su interior.

 

Los agentes del orden público velarán por el estricto cumplimiento de esta norma.

 

ARTICULO 98. Los niños no podrán hospedarses en hoteles, pensiones, guarderías o

establecimientos semejantes si no se encuentran acompañados por su padre, madre o representante

legal, salvo si éstos los han autorizado por escrito.

 

ARTICULO 99. Quien contravenga lo dispuesto en el artículo 97, precedente, será sancionado

con el cierre de su establecimiento por una semana la primera vez, por dos semanas la segunda vez

y con la cancelación definitiva del permiso de funcionamiento si comete una tercera o ulterior

infracción. Tales sanciones serán impuestas por la autoridad que haya expedido los permisos de

funcionamiento.

 

Quien contravenga lo prescrito en el artículo 98 anterior será sancionado con multa de un mil

(Lps.1,000.00) a cinco mil lempiras (Lps.5,000.00). Esta multa se duplicará en caso de

reincidencia.

 

ARTICULO 100. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, por

medio de las gobernaciones políticas y de las corporaciones municipales, adoptará las medidas que

sean necesarias para evitar y combatir la prostitución infantil.

 

CAPITULO III

 

DE LA AUTORIZACION PARA VIAJAR

 

ARTICULO 101. Los niños sólo podrán salir del país si van acompañados de su padre, de su

madre o de su representante legal o, en defecto de éstos, de la persona que cuente con la respectiva

autorización escrita.

 

Si la patria potestad la ejercen ambos padres, se requerirá la autorización escrita del otro si sólo uno

acompañará al niño durante el viaje.

 

Las correspondientes firmas deberán ser autenticadas por Notario.

 

ARTICULO 102. El padre o madre que haya sido suspendido o privado del ejercicio de la patria

potestad sólo podrá trasladar a sus hijos menores de dieciocho (18) años dentro o fuera del país

previa autorización escrita de quien la deba otorgar. En caso contrario, será requerido, a petición de

parte interesada y previa orden de juez competente, por las autoridades de policía, para que dentro

de las veinticuatro (24) horas siguientes proceda a entregar al niño o a dar razón de su paradero.

 

ARTICULO 103. Los jueces de la niñez tendrán derecho a impedir la salida de un niño del país

cuando quien pretenda llevárselo se halle en el ejercicio de la patria potestad pero no le esté dando

cumplimiento a sus obligaciones legales o a las que le haya impuesto la autoridad competente.

Adoptada la resolución, la pondrán sin tardanza en conocimiento de las autoridades de migración

para los efectos consiguientes.

 

Si pese a la orden judicial el niño sale del país, se seguirá juicio criminal contra el culpable y se

adoptarán las medidas necesarias para su rescate.

 

ARTICULO 104. La solicitud del impedimento de salida deberá contener:

 

a) El nombre y apellidos del niño cuya salida se pretende impedir;

 

b) El nombre y apellidos y demás generales de la persona que pretende trasladar ilícitamente al niño;

y,

 

c) La relación de los hechos en que se funda la solicitud, con la cual se presentarán la certificación

de la partida de nacimiento y demás pruebas pertinentes.

 

La persona contra quien se haya decretado el impedimento podrá oponerse dentro de los tres (3)

días siguientes a la fecha de la notificación. Presentada la oposición, el juez conocerá del asunto

breve y sumariamente. No habiendo oposición, el juez estimará las pruebas y resolverá el asunto

dentro de los cinco (5) días siguientes.

 

Contra la resolución del juez cabrán los recursos de reposición y apelación subsidiaria.

 

ARTICULO 105. Los domiciliados o residentes en el extranjero y quienes se encuentren fuera del

país por cualquier causa y no ejerzan la patria potestad sobre un niño, necesitarán autorización

judicial previa para poderlo trasladar al extranjero.

 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior no será necesaria cuando la salida se deba a

graves alteraciones en la salud del menor u otros acontecimientos análogos, debidamente

comprobados. En tales casos, el Juez de la Niñez, o quien haga sus veces, tomará nota de todos los

datos que estime necesarios para proceder al rescate del niño en caso de necesidad y para

deducirle al culpable la responsabilidad civil y penal que corresponda. El juez, además, le extenderá

constancia al interesado de que puede sacar del país al menor.

 

ARTICULO 106. Las autoridades de migración no permitirán la salida del territorio nacional de un

menor respecto del cual no se hayan cumplido los requisitos señalados en los artículos precedentes.

Tampoco permitirán que una autorización se utilice más de una vez.

 

CAPITULO IV

 

DE LA PROTECCION DE LOS NIÑOS DISCAPACITADOS

 

ARTICULO 107. Para todos los efectos legales, niño discapacitado es aquel que presenta alguna

carencia o limitación, temporal o definitiva, de carácter físico, sensorial o mental que le dificulta o

imposibilita para la realización autónoma de sus actividades cotidianas y para su desarrollo e

integración social.

 

ARTICULO 108. Los niños discapacitados tienen derecho a gozar de una vida plena, así como de

cuidados y atenciones especializadas y, de ser posible, individualizadas, para asegurarles su dignidad

y permitirles bastarse a sí mismos y facilitar su participación activa en la comunidad.

 

La atención de los niños discapacitados le corresponde prioritariamente a la familia y

complementaria y subsidiariamente al Estado, en los términos de este Código.

 

En tal orden, deberán hacer lo necesario para garantizarles el acceso a la educación, a la

capacitación para el trabajo, al sano esparcimiento y a las demás actividades que hagan factible su

rehabilitación y su pleno desarrollo individual.

 

ARTICULO 109. Es deber del Estado promover, desarrollar y coordinar programas de

prevención, tratamiento y rehabilitación para los niños discapacitados. Con tal fin, creará y

fomentará servicios especializados que atiendan, evalúen periódicamente y aseguren el acceso

efectivo de aquéllos a la educación, a los servicios de salud y de rehabilitación, a la capacitación

para el trabajo, al esparcimiento y a los deportes.

 

El padre, la madre o los representantes legales de un niño discapacitado tienen la obligación de

someter a éste a los tratamientos adecuados y de integrarse activamente a los procesos de

rehabilitación.

 

La renuencia u oposición injustificada de los padres o representantes legales a cumplir las

obligaciones señaladas en este artículo dará derecho a la Junta Nacional de Bienestar Social a

adoptar las medidas de protección que estime apropiadas.

 

ARTICULO 110. Es deber de toda persona que tenga conocimiento de la existencia de un niño

discapacitado ponerlo en conocimiento de la Junta Nacional de Bienestar Social, del Ministerio

Público o de los Juzgados de la Niñez u otros que hagan sus veces, para que pueda recibir el

tratamiento adecuado.

 

Los maestros de educación preescolar, primaria y media que detecten cualquier dificultad para el

aprendizaje que presenten los niños discapacitados, deberán dar cuenta del hecho a sus superiores

jerárquicos, así como a los correspondientes padres o representantes legales, para que puedan

adoptar las medidas correctivas que las circunstancias exijan.

 

ARTICULO 111. Para la debida protección y rehabilitación de los niños a que esta Sección se

refiere y en procura de garantizar su igualdad con todos los demás, la Junta Nacional de Bienestar

Social:

 

1) Vigilará el cumplimiento, por parte de la familia, de las obligaciones que le corresponden con

miras a lograr la rehabilitación del niño y que lo haga con pleno respeto de su dignidad. Colaborará

con ella, además, para alcanzar dichos objetivos; y,

 

2) Promoverá, con la participación de las Secretarías de Estado en los Despachos de Educación

Pública y Salud y Asistencia Social, programas dirigidos tanto a la prevención de las deficiencias

mediante compañas educativas y profilácticas, como a la rehabilitación de los discapacitados,

apoyando la educación regular, creando talleres y consejos para su capacitación, haciendo posible

su recreación y su participación en olimpiadas especiales y demás medios encaminados a la

rehabilitación integral de los discapacitados.

 

ARTICULO 112. Los consejos a que se refiere el artículo anterior tendrán las funciones siguientes:

 

a) Proponer proyectos dirigidos a la prevención, detección, promoción, tratamiento, rehabilitación e

investigación en el campo de los niños discapacitados;

 

b) Formular recomendaciones a la Junta Nacional de Bienestar Social para la elaboración y

aprobación de programas orientados a atender las necesidades de los niños discapacitados;

 

c) Colaborar con la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social en la prevención y detección de

deficiencias mentales, físicas y sensoriales, con especial énfasis en la asistencia perinatal y de la

primera infancia;

 

ch) Promover la organización de aulas públicas y privadas para la educación especial de los niños

discapacitados, al igual que su integración al sistema educativo regular y a los programas del

Instituto Nacional de Formación Profesional;

 

d) Fomentar el desarrollo de políticas de subsidio familiar dirigidas a proteger en forma especial a

los niños discapacitados y a dar orientación y apoyo a la familia de la cual dependen;

 

e) Promover la formación de personal profesional, técnico y auxiliar de las actividades y disciplinas

cuyo objeto sea la rehabilitación de los niños discapacitados;

 

f) Promover, a través de los sectores públicos y privados, investigaciones científicas dirigidas a

buscar el mayor conocimiento de esta problemática; y,

 

g) Promover una mayor divulgación de las deficiencias que se observen en los niños con miras a

crear una conciencia colectiva que facilite la participación de la comunidad en la prevención y

solución de sus problemas.

 

ARTICULO 113. Las secretarías de Salud Pública y Asistencia Social y de Educación Pública

coordinarán con la Junta Nacional de Bienestar Social las actividades encaminadas a la protección

de los niños discapacitados.

 

Cuando las personas de quienes el niño dependa lo maltraten, encierren o se opongan

injustificadamente a que reciba atención, serán denunciadas ante la Junta Nacional de Bienestar

Social por quien tenga conocimiento de dicha situación, para los efectos pertinentes.

 

CAPITULO V

 

DE LA PROTECCION DE LOS NIÑOS CONTRA LA EXPLOTACION

ECONOMICA

 

SECCION PRIMERA

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 114. Es deber del Estado formular políticas y elaborar, promover y ejecutar

programas tendentes a la gradual abolición del trabajo de los niños.

 

Creará, asimismo, programas de apoyo a las familias en las que existan niños en situación de riesgo.

 

ARTICULO 115. El trabajo de los niños deberá ser adecuado a su edad, condiciones físicas y

desarrollo intelectual y moral.

 

La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social evitará la explotación

económica de los niños y velará porque no realicen trabajos peligrosos o que entorpezcan su

educación o afecten su salud o su desarrollo físico o mental.

 

Los niños que ingresen a la fuerza laboral tendrán derecho al salario, prestaciones sociales y demás

garantías que la ley o los contratos individuales o colectivos le conceden a los trabajadores mayores

de dieciocho (18) años y a los especiales que por razón de su edad y desarrollo le son reconocidos

por el Código de Trabajo y por el presente.

 

El salario del niño trabajador será proporcional a las horas trabajadas.

 

ARTICULO 116. Las niñas trabajadoras gozarán de protección especial en caso de gravidez y

lactancia materna.

 

ARTICULO 117. El trabajo de los niños, además de retributivo deberá ser formativo y orientador.

 

ARTICULO 118. El trabajo de los niños no deberá ser limitante para su superación. Con tal fin,

deberá existir una estrecha coordinación entre las secretarías de Estado en los Despachos de

Trabajo y Previsión Social y Educación Pública, a fin de lograr los objetivos anteriores.

 

SECCION SEGUNDA

 

DE LA AUTORIZACION PARA EL TRABAJO

 

ARTICULO 119. El empleo de niños en cualquier actividad retribuida estará sujeto a lo prescrito

por el artículo 128 numeral 7 de la Constitución de la República y requerirá de la autorización previa

de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social a solicitud de los

padres, de los hermanos o del representante legal. Igual autorización requerirán los niños que se

propongan realizar trabajos independientes, esto es, aquellos en que no medie una remuneración ni un contrato o relación de trabajo.

 

Para extender tal autorización dicha Secretaría de Estado deberá realizar un estudio

socio-económico y del estado físico y mental de los niños de que se trate.

 

La autorización se concederá cuando, a juicio de la mencionada Secretaría de Estado, el niño no

sufrirá perjuicio aparente, físico, moral o educativo por el ejercicio de la actividad de que se trate.

 

Concedida la autorización, el niño podrá recibir directamente el salario y, llegado el caso, ejercitar,

con el auxilio de un apoderado legal, las acciones pertinentes.

 

ARTICULO 120. Las autorizaciones para trabajar se concederán a título individual y deberán

limitar la duración de las horas de trabajo y establecer las condiciones en que se prestarán los

servicios.

 

En ningún caso se autorizará para trabajar a un niño menor de catorce (14) años.

 

ARTICULO 121. Se considerará trabajo educativo la actividad laboral en la que las exigencias

pedagógicas prevalezcan sobre el aspecto productivo. La remuneración que se pague al estudiante

no desvirtuará el carácter educativo de la labor.

 

Los centros de trabajo que utilicen a estudiantes que realizan su práctica educativa social no podrán

destinar al educando a labores distintas de aquellas a que está orientada la práctica.

 

No obstante la temporalidad del trabajo educativo social, al estudiante deberán ofrecérsele

condiciones adecuadas para la realización de su trabajo, incluso en lo relacionado con la retribución

de sus servicios.

 

ARTICULO 122. Los niños no podrán desempeñar labores insalubres o peligrosas aun cuando

sean realizadas como parte de un curso o programa educativo o formativo. La insalubridad o

peligrosidad se determinará tomando como base lo dispuesto en este Código, en el Código de

Trabajo y en los reglamentos que existan sobre la materia.

 

Tomando en cuenta lo anterior, los niños no podrán realizar labores que:

 

a) Impliquen permanecer en una posición estática prolongada o que deban prestarse en andamios

cuya altura exceda de tres (3) metros;

 

b) Tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud;

 

c) Expongan al tráfico vehicular;

 

ch) Expongan a temperaturas anormales o deban realizarse en ambientes contaminados o con

insuficiente ventilación;

 

d) Deban realizarse en túneles o subterráneos de minería o en sitios en los que confluyan agentes

nocivos tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia

de la oxidación o de la gasificación;

 

e) Los expongan a ruidos que excedan de ochenta (80) decibeles;

 

f) Impliquen la manipulación de sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X o impliquen

la exposición a radiaciones ultravioletas o infrarrojas y a emisiones de radio frecuencia;

 

g) Impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje;

 

h) Exijan la inmersión en el mar;

 

i) Tengan que ver con basureros o con cualquier otro tipo de actividades en las que se generen

agentes biológicos patógenos;

 

j) Impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas;

 

k) Sean propios de fogoneros en los buques, ferrocarriles u otros bienes o vehículos semejantes;

 

l) Sean propios de la pintura industrial y entrañen el empleo de albayalde o cerusa, de sulfato de

plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos;

 

ll) Se relacionen con máquinas esmeriladoras, de afilado de herramientas, muelas abrasivas de alta

velocidad o con ocupaciones similares;

 

m) Se relacionen con altos hornos, hornos de fundición de metales, fábricas de acero, talleres de

laminación, trabajos de forja o en prensas pesadas;

 

n) Involucren manipular cargas pesadas;

 

ñ) Se relacionen con cambios de correas de transmisión, de aceite o engrase y otros trabajos

próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad;

 

o) Se relacionen con cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras y otras máquinas

particularmente peligrosas;

 

p) Tengan relación con el vidrio o con el pulido y esmerilado en seco de vidrio o con operaciones

de limpieza por chorro de arena o con locales de vidriado y grabado;

 

q) Impliquen soldadura de cualquier clase, cortes con oxígeno en tanques o lugares confinados o en

andamios o molduras precalentadas;

 

r) Deban realizarse en lugares en los que se presentan altas temperaturas o humedad constante;

 

s) Se realizan en ambientes en los que se desprenden vapores o polvos tóxicos o que se relacionen

con la producción de cemento;

 

t) Se realicen en la agricultura o en la agroindustria que impliquen alto riesgo para la salud;

 

u) Expongan a un notorio riesgo de insolación; y

 

v) Señalen en forma específica los reglamentos que sobre la materia emita la Secretaría de Estado

en los Despachos de Trabajo y Previsión social.

 

La mencionada Secretaría de Estado podrá autorizar a niños mayores de dieciséis (16) años y

menores de dieciocho (18) para que puedan desempeñar alguna de las labores señaladas en este

artículo si se prueba a satisfacción de la misma que han concluido estudios técnicos en el Instituto

Nacional de Formación Profesional o en un instituto técnico especializado dependiente de la

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública. Aquella entidad, en todo caso,

verificará que los cargos pueden ser desempeñados sin peligro para la salud o la seguridad del niño.

 

ARTICULO 123. Queda prohibido a los niños menores de dieciocho (18) años todo trabajo que

afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares

de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. Es también prohibida su contratación para la

reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otras labores

semejantes.

 

ARTICULO 124. La persona que tenga conocimiento de la participación de niños en trabajos

prohibidos en esta Sección, deberá informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la

aplicación de los correctivos y sanciones a que haya lugar.

 

ARTICULO 125. La duración máxima de la jornada de trabajo de los niños estará sujeta a las

siguientes reglas:

 

a) El mayor de catorce (14) años y menor de dieciséis (16) sólo podrá realizar trabajos en jornadas

que no excedan de cuatro (4) horas diarias;

 

b) El mayor de dieciséis (16) años y menor de dieciocho (18) sólo podrá trabajar en jornadas que

no excedan de seis (6) horas diarias y,

 

c) Queda prohibido el trabajo nocturno para los niños trabajadores. No obstante, los mayores de

dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho

(8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular a un centro docente ni se cause con

ello perjuicio para su salud física y moral.

 

ARTICULO 126. Todo empleador que ocupe los servicios de niños llevará un registro en el que

hará constar:

 

a) El nombre, apellidos, edad, dirección y domicilio del niño;

 

b) El nombre, apellidos, dirección y domicilio de sus padres o representantes legales;

 

c) La clase de trabajo que realiza, las horas diarias y semanales que trabaja, con indicación de los

períodos de descanso;

 

ch) La forma y monto de la retribución o salario; y,

 

d) La fecha de ingreso al trabajo.

 

A dicho registro se agregarán la constancia extendida por las autoridades competentes de que el

niño está cumpliendo o ha cumplido sus obligaciones escolares, así como la autorización escrita de

sus padres o representantes legales, con el visto bueno de la Secretaría de Trabajo y Previsión

Social.

 

ARTICULO 127. La aptitud para el trabajo de los niños trabajadores será objeto de control

médico cada seis (6) meses, o antes si las circunstancias lo exigen.

 

ARTICULO 128. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social

inspeccionará regular y periódicamente a las empresas para establecer si tienen a su servicio niños

trabajadores y si están cumpliendo las normas que los protegen.

 

Quienes violen dichas normas serán sancionados con multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a

veinticinco mil lempiras (Lps.25,000.00). La reincidencia será sancionada con el doble de la multa

anterior, aunque el máximo no podrá exceder de la última cifra señalada.

 

Cuando se trate de una empresa que haya puesto en peligro la vida de un niño o haya atentado

contra la moral o las buenas costumbres con daño del mismo, además de la multa se le aplicarán las

sanciones civiles y penales a que haya lugar.

 

SECCION TERCERA

 

DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE

 

ARTICULO 129. Por medio del contrato de aprendizaje un niño se obliga a trabajar para un

patrono por un salario determinado a cambio de que el segundo le provea la formación

técnica-profesional que requiera para aprender un oficio, arte o industria.

 

ARTICULO 130. La enseñanza se impartirá conforme a programas aprobados por el Instituto

Nacional de Formación Profesional, (INFOP). Este organismo, además, vigilará la forma en que se

imparte la enseñanza y adoptará las medidas correctivas que considere adecuadas.

 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a la enseñanza que se imparta en los centros a que sea

enviado un niño y en las escuelas de artes, oficios o industrias reconocidos por el Estado.

 

ARTICULO 131. La formación técnico-profesional a que hace referencia el artículo 130, anterior,

deberá:

 

a) Garantizar la asistencia del niño a la enseñanza básica obligatoria;

 

b) Asegurar que el niño contará con un horario especial para el aprendizaje;

 

c) Asegurar que la formación sea compatible con el desarrollo del niño; y

 

ch) Procurar la cobertura de la seguridad social.

 

ARTICULO 132. El contrato de aprendizaje será siempre remunerado. La remuneración no podrá

ser inferior al salario mínimo.

 

Si concluido el aprendizaje la relación laboral continúa, el aprendiz adquirirá el carácter de

trabajador y gozará de todos los derechos y prestaciones derivados de los contratos de trabajo,

salvo que la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social disponga otra

cosa habida cuenta del desarrollo del niño, de su estado de salud o de la naturaleza de las labores

que deba cumplir.

 

Para los efectos legales de los mencionados contratos, se entenderán iniciados desde que comenzó

el aprendizaje.

 

SECCION CUARTA

 

PROTECCION CONTRA LA EXPLOTACION ECONOMICA

 

ARTICULO 133. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social emitirá

disposiciones reglamentarias sobre:

 

a) Las sanciones administrativas aplicables a las infracciones que se cometan durante el aprendizaje

o la prestación de servicios por parte de los aprendices o trabajadores y los patronos;

 

b) La orientación que debe darse a los niños trabajadores, a sus padres o representantes legales y al

patrono en relación con los derechos y deberes de aquéllos, los horarios, permisos y prestaciones y

las medidas sobre salud ocupacional; y

 

c) La forma en que se hará la inspección del trabajo de los niños y, en general, sobre los demás

asuntos relacionados con su trabajo.

 

ARTICULO 134. Incurrirán en el delito de explotación económica y serán sancionados con

reclusión de tres (3) a cinco (5) años:

 

a) Quien haga trabajar a un niño durante jornadas extraordinarias o durante jornadas nocturnas;

 

b) Quien obligue a un niño a trabajar por un salario inferior al mínimo;

 

c) Quien promueva, incite o haga que un niño realice actividades deshonestas tales como la

prostitución, la pornografía, la obscenidad y la inmoralidad;

 

ch) Quien incite u obligue a un niño a realizar actividades ilícitas; y

 

d) Quien con motivo de trabajos familiares o domésticos infrinja los derechos de los niños

establecidos en el presente Código. En este caso la sanción solo se aplicará si habiéndose requerido

al responsable persiste en la violación de lo dispuesto en este inciso.

 

ARTICULO 135. Será causa de emancipación judicial que el padre o la madre inciten u obliguen a

un hijo a dedicarse a la mendicidad o a realizar cualquiera de los actos a que se refieren los literales

c) y ch) del artículo anterior.

 

ARTICULO 136. Las corporaciones municipales y las organizaciones comunitarias y docentes

cooperarán con la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social en el

cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Código.

 

ARTICULO 137. Las sanciones administrativas de las infracciones cometidas contra lo dispuesto

en este Capítulo serán aplicadas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y

Previsión Social. Tales sanciones no obstarán para que se deduzcan las responsabilidades civiles y

penales que correspondan.

 

CAPITULO VI

 

DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA

LABORAL DE SUS PADRES O REPRESENTANTES

 

ARTICULO 138. Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social y de

Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de Bienestar Social, conjuntamente,

adoptarán las medidas que sean necesarias para que los niños cuyos padres o representantes legales

trabajen puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada laboral.

 

Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las facilidades necesarias para que la

permanencia sea provechosa para los niños en atención a su edad y estado físico y mental.

 

En todo caso, dichos servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuadamente sus

necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su sostenido mejoramiento psico-social.

 

El personal que labore en los establecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente

capacitado para cumplir sus funciones.

 

TITULO II

 

DE LA PROTECCION DE LOS NIÑOS EN RIESGO

SOCIAL

 

CAPITULO I

 

DE LAS SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL

 

ARTICULO 139. Un niño su hallará en situación de riesgo social cuando:

 

a) Se encuentre en estado de abandono o de peligro;

 

b) Carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas;

 

c) Su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administran;

 

ch) Carezca de representante legal;

 

d) Sea objeto de maltratos o de corrupción;

 

e) Se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos o su integridad; y

 

f) Sea adicto a sustancias que produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer en la

adicción.

 

ARTICULO 140. Los niños que se encuentren en una situación de riesgo social quedarán sujetos a

las medidas de protección consagradas en el presente Título.

 

SECCION PRIMERA

 

DEL MENOR EN SITUACION DE ABANDONO O DE PELIGRO

 

ARTICULO 141. Un menor se encontrará en situación de abandono o de peligro cuando:

 

a) Fuere expósito;

 

b) Falten en forma absoluta o temporal las personas que, conforme la ley, han de tener el cuidado

personal de su crianza y educación o cuando existiendo incumplen las obligaciones o deberes

correspondientes o carecen de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la

correcta formación del niño. Se presume que concurre esta causal cuando el niño está dedicado a la

mendicidad o a la vagancia o cuando no convive con las personas llamadas por la ley a atender su

cuidado personal;

 

c) No sea reclamado por sus padres o representantes legales, dentro de un plazo razonable, del

establecimiento hospitalario, de asistencia social o del hogar sustituto en que se encuentre;

 

ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como

promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual; las ofensas al pudor; las

exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el

alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias

psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitos, casas de

prostitución u otros sitios inapropiados; el acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras,

incluso aquellas que se manifestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en

general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el

sano juicio de los niños;

 

d) Sea explotado en cualquier forma o utilizado en actividades contrarias a la ley, a la moral o a las

buenas costumbres, o cuando tales actividades se ejecuten en su presencia;

 

e) Presente graves problemas de comportamiento o desadaptación social; y

 

f) Su salud física o mental se vea amenazada gravemente por las desaveniencias entre la pareja, la

separación de hecho o de derecho, el divorcio, la nulidad del matrimonio o cualesquiera otros

motivos análogos. Se consideran como agravantes de esta situación aquellos comportamientos de

los padres que intensifiquen la angustia y la incertidumbre propias del caso o que cualquiera de los

padres, antes o después de la separación, divorcio o nulidad del matrimonio trate de influir en el niño

con el propósito de suscitar aversión o desapego hacia el otro progenitor.

 

ARTICULO 142. Toda persona que tenga conocimiento de la situación de abandono o peligro en

que se encuentra un niño deberá informarlo a la Junta Nacional de Bienestar Social, al Ministerio

Público, al Juzgado de la Niñez o a la autoridad de policía, para que tomen de inmediato las

medidas necesarias para su protección.

 

ARTICULO 143. Los directores de los hospitales públicos y privados y de los demás centros

asistenciales están obligados a informar sobre los niños abandonados en sus dependencias y a

ponerlos a disposición de las instituciones mencionadas en el artículo anterior dentro de las

veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del hecho.

 

ARTICULO 144. Los centros a que se refiere el artículo precedente están obligados a dispensar

de inmediato la atención de urgencia que requiera un niño. Ningún motivo podrá invocarse para

negar dicha asistencia, ni siquiera la ausencia de representantes legales, la carencia de recursos

económicos o la falta de cupo.

 

ARTICULO 145. Lo jefes de las misiones diplomáticas y consulares de Honduras que tengan

conocimiento de que un niño hondureño ha sido privado de su derecho a una familia o que ha sido

internado en una institución pública o privada del país en que estén acreditados, investigarán las

causas de los hechos y le brindarán el auxilio legal y económico que necesite. El costo de este

auxilio será reembolsado por el Gobierno de la República, previa prueba.

 

En la brevedad posible, además, informarán del hecho al Juzgado de la Niñez de la última residencia

del niño en Honduras o, en su defecto, al que haga sus veces. Periódicamente, además, le enviarán

informe al mismo Juzgado sobre los cambios que se hayan producido en la situación.

 

El Juzgado de la Niñez o el que haga sus veces pondrá el hecho en conocimiento de la Junta

Nacional de Bienestar Social, de oficio o a petición de parte, para que realice las diligencias de

repatriación del niño a fin de que sea juzgado en Honduras, en su caso.

 

ARTICULO 146. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos anteriores se

sancionará con multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez mil lempiras (L.10,000.00), que impondrá la

Junta Nacional de Bienestar Social al responsable de la omisión.

 

La indicada multa se entenderá sin perjuicio de las demás sanciones civiles y penales a que haya

lugar. Para la deducción de éstas la Junta Nacional de Bienestar Social informará al Ministerio

Público sobre los hechos de que se trate.

 

ARTICULO 147. Corresponde a los juzgados de la niñez, o al que haga sus veces, declarar las

situaciones de abandono o de riesgo social. Dichos juzgados podrán actuar de oficio o a petición de

cualquier persona.

 

De cada caso que conozca el juzgado abrirá un expediente y para el cumplimiento de sus cometidos

podrá citar al padre, madre o representante legal del niño u otras personas vinculadas con éste si se

conoce su identidad y residencia. En caso de que la residencia sea desconocida, la Junta Nacional

de Bienestar Social hará tres (3) publicaciones en uno de los diarios hablados o escritos de mayor

audiencia o circulación en el país para tratar de localizar a aquéllos.

 

La resolución que declare la situación de abandono o de riesgo social de un niño será notificada a

quienes hayan comparecido atendiendo la citación.

 

Si como resultado de la investigación se establece que el niño ha sido sujeto pasivo de un delito, el

correspondiente juzgado, de oficio, iniciará las diligencias necesarias para sancionar al responsable.

 

ARTICULO 148. En los asuntos a que se refiere esta Sección los Juzgados de la Niñez

procederán breve y sumariamente. La correspondiente resolución siempre será motivada y contra

ella cabrán los recursos de reposición y apelación subsidiaria.

 

ARTICULO 149. La declaratoria de que un niño se encuentra en situación de abandono o de

riesgo social obliga a la Junta Nacional de Bienestar Social a proceder de inmediato a su rescate y a

brindarle la protección que necesite. Cuando las circunstancias lo exijan, el Juzgado de la Niñez más

próximo, o el que haga sus veces, a petición de la Junta, ordenará el allanamiento del sitio donde el

niño se encuentre.

 

Para los efectos de lo dispuesto en este Título, por riesgo social se entenderá toda situación en la

que se encuentre comprometida la vida o la integridad personal de un niño.

 

ARTICULO 150. Los niños declarados en situación de abandono o de riesgo social serán

protegidos mediante:

 

a) Prevención o amonestación a los padres o representantes legales;

 

b) Atribución de su custodia o cuidado personal al pariente por consanguinidad más próximo que se

encuentre en condiciones de ejercerlos;

 

c) Colocación en hogar de guarda. Esta medida será siempre provisional y excepcional y se utilizará

mientras se coloca al niño en una familia sustituta. La misma no implicará privación de la libertad;

 

ch) Colocación en familia sustituta;

 

d) Su depósito en un centro de protección privado debidamente autorizado por la Junta Nacional de

Bienestar Social o de ésta misma;

 

e) La iniciación de los trámites de adopción de conformidad con este Código; y

 

f) Cualquier otra medida cuya finalidad sea la de asegurar el cuidado personal del niño, atender sus

necesidades básicas o poner fin a los peligros que amenacen su salud, su dignidad o su formación

moral.

 

Si los padres o representantes legales del niño cuentan con los medios indispensables, la Junta

Nacional de Bienestar Social podrá fijarles una cuota mensual para que contribuyan a su

sortenimiento mientras se encuentre bajo una medida de protección.

 

ARTICULO 151. La Junta Nacional de Bienestar Social, con el objeto de asegurar la adecuada

atención al niño en el seno de su familia, podrá disponer, si lo cree conveniente, que los padres o el

representante legal a cuyo cuidado se encuentre, cumplan alguna de las actividades siguientes:

 

a) Asistir a programas oficiales o comunitarios de orientación o tratamiento familiar;

 

b) Asistir a programas de asesoría, orientación o tratamiento de alcohólicos o adictos a sustancias

que produzcan dependencia, cuando sea el caso;

 

c) Asistir a programas de tratamiento sicológico o siquiátrico; o

 

ch) Participar en cualquier otra actividad que contribuya a garantizar un ambiente adecuado para el

desarrollo del niño.

 

ARTICULO 152. Quien ejerza la patria potestad sobre el niño o su representante legal podrá

solicitar la terminación de los efectos de la declaración de abandono o de riesgo social y la

finalización de las medidas de protección adoptadas. Para este efecto, deberá demostrar que se han

superado las circunstancias que les dieron lugar y que hay razonables motivos para esperar que no

volverán a producirse. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando el niño haya sido dado

en adopción o cuando quien ejerza la patria potestad sea reincidente.

 

El correspondiente juzgado o la Junta Nacional de Bienestar Social, según corresponda, accederán

a lo pedido si, después de hechas las investigaciones pertinentes, consideran que es verdad lo

expresado por los peticionarios.

 

ARTICULO 153. El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de

Gobernación y Justicia reglamentará, a iniciativa de la Junta Nacional de Bienestar Social, todo lo

relacionado con las medidas de protección a que se refiere en la presente Sección.

 

SECCION SEGUNDA

 

DEL NIÑO QUE CARECE DE ATENCION SUFICIENTE

 

PARA ATENDER SUS NECESIDADES BASICAS

 

ARTICULO 154. Se entenderá que un niño carece de la atención suficiente para la satisfacción de

sus necesidades básicas cuando, sin presentarse los supuestos para ser considerado en situación de

abandono o de riesgo social, carece de medios para atender a su subsistencia, o cuando las

personas encargadas de su cuidado se niegan a suministrárselo o lo hagan de manera insuficiente.

 

ARTICULO 155. El Estado le prestará al niño que se encuentre en la situación prevista en el

artículo anterior el concurso necesario para imponer a los responsables de la obligación alimentaria

el cumplimiento de la misma.

 

Si dichas personas carecen de medios suficientes para atender ese deber, la atención será

dispensada por la Junta Nacional de Biestar Social con el concurso de aquéllas y de la comunidad.

 

ARTICULO 156. Las medidas de protección al niño que se encuentre en la situación prevista en

esta Sección serán adoptadas a solicitud de sus padres o representante legal, o de oficio.

 

Las medidas procurarán apoyar a los solicitantes, en su caso, y no separar al niño de su medio

familiar.

 

En el cumplimiento de sus cometidos la Junta Nacional de Bienestar Social podrá:

 

a) Asesorar al respectivo padre, madre o representante legal para que pueda obtener alimentos de

las personas llamadas por este Código y el Código de Familia a cumplir dicha obligación; o

 

b) Vincularlo a los programas que en beneficio de los niños desarrolle ella misma u otros organismos

públicos o privados.

 

SECCION TERCERA

 

DEL NIÑO AMENAZADO EN SU PATRIMONIO

 

ARTICULO 157. Siempre que quien tenga la administración de los bienes de un niño en su

condición de padre, madre o tutor ponga en peligro intereses económicos, la Junta Nacional de

Bienestar Social o el Ministerio Público promoverán ante el juzgado competente el proceso

necesario para privarlo de la administración de sus bienes o para remover al guardador, en su caso,

y los encaminados a obtener la reparación del perjuicio que hubieran causado.

 

ARTICULO 158. La Junta Nacional de Bienestar Social y el Ministerio Público, en su caso, en los

eventos contemplados en el artículo anterior, podrá solicitar al juez competente, mientras dura el

proceso, la suspensión provisional de las facultades de disposición y de administración de los bienes

del niño y el nombramiento de un administrador de los mismos con sujeción a los requisitos legales.

 

El juez también podrá decretar la suspensión de oficio en los mismos casos.

 

ARTICULO 159. Cuando el peligro para los intereses económicos del niño provenga del

desacuerdo de los padres acerca de los actos de administración de sus bienes, la Junta Nacional de

Bienestar Social o el Ministerio Público ejercitarán las acciones necesarias para que se actúe

conforme lo dispuesto en el artículo 59, precedente.

 

SECCION CUARTA

 

DEL MENOR QUE CARECE DE REPRESENTANTE LEGAL

 

ARTICULO 160. Corresponde a los parientes del niño que carezca de representante legal, a la

Junta Nacional de Bienestar Social y al Ministerio Público ejercitar las acciones necesarias para que

el juzgado competente lo someta a tutela.

 

ARTICULO 161. Mientras se discierne el cargo, la Junta Nacional de Bienestar Social actuará

como representante legal del niño que carece del mismo.

 

SECCION QUINTA

 

DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO Y LA CORRUPCION

 

ARTICULO 162. Se considerarán víctimas de maltrato los niños que han sufrido daños o

perjuicios en su salud física, mental o emocional o en su bienestar personal por acciones u omisiones

de su padre, madre, representante legal, maestros u otras personas con las que guarde relación.

 

ARTICULO 163. El Estado, por medio de la Junta Nacional de Bienestar Social formulará y

pondrá en práctica programas de detección, registro y seguimiento de los niños que hayan sido

maltratados.

 

ARTICULO 164. Los autores y cómplices del maltrato, además de las responsabilidades civiles y

penales del caso, deberán someterse a los programas de tratamiento y rehabilitación que ponga en

práctica el Estado a través de la Junta Nacional de Bienestar Social.

 

ARTICULO 165. Los directores de los hospitales públicos y privados y de los demás centros

asistenciales informarán a la Junta Nacional de Bienestar Social, al Ministerio Público y a la

Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública y Asistencia Social, dentro de las

veinticuatro (24) horas siguientes al ingreso, sobre los niños que muestren signos evidentes de

agresión, y sobre aquellos cuyos exámenes revelen que han sido víctimas de malos tratos.

 

La omisión de estos informes se sancionará con multa de cinco mil lempiras (L.5,000.00), sin

perjuicio del cumplimiento de la obligación.

 

ARTICULO 166. El maltrato puede ser por omisión, por supresión o por transgresión.

 

El maltrato por omisión comprende todo perjuicio al bienestar del niño y a los elementos

esenciales para su desarrollo físico, intelectual y emocional.

 

El maltrato físico por omisión comprende aquellos casos en que el niño es dejado solo, en

incumplimiento de las responsabilidades propias de los adultos, y en imposibilidad de acceder, con

un mínimo grado de seguridad, a un techo, a la vestimenta, alimentación o cuidados físicos y

médicos necesarios.

 

El maltrato intelectual por omisión comprende los casos en que no se le brindan los estímulos

requeridos o no se le presta la atención debida a sus procesos educativos y recreativos.

 

El maltrato emocional por omisión es aquel por el cual se deja de proveer el afecto y el cariño

que el niño necesita para su sano desarrollo.

 

ARTICULO 167. El maltrato por supresión implica todas aquellas formas disimuladas o no

como medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño el goce de sus derechos.

 

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve perjuicio al niño, incluida la

expulsión del hogar y la negación del goce y ejercicio de sus libertades; el derecho a la asistencia

familiar, a la atención médica y el acceso a medicamentos que requiera; el acceso a un ambiente

infantil y a actividades y áreas recreativas o a recibir visitas de otros niños respecto de los cuales no

hay causa justa para considerarlas perjudiciales.

 

ARTICULO 168. El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan

acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como hacerlo objeto de

malos tratos físicos; proporcionarle drogas o medicamentos que no sean necesarios para su salud o

que la perjudiquen; someterle a procedimientos médicos o quirúrgicos innecesarios que pongan en

riesgo su salud física, mental o emocional; obligarle a alimentarse en exceso; hacerlo víctima de

agresiones emocionales o de palabra, incluyendo la ofensa y la humillación; la incomunicación

rechazante; el castigo por medio de labores pesadas y las demás transgresiones o discriminaciones

análogas a las anteriores.

 

Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten directamente al niño, también

serán consideradas como maltrato por omisión.

 

ARTICULO 169. Las personas culpables de maltrato por omisión y supresión serán requeridas

por el Juzgado de la Niñez competente o por el que haga sus veces para la corrección de la omisión

o supresión. Si se negaren a hacerlo, se sancionarán con multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez mil

(L.10,000.00) lempiras.

 

Si el maltrato es por transgresión, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de reclusión, quedando

el culpable obligado a enmendar su conducta.

 

Las multas estipuladas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las sanciones penales que

correspondan.

 

En la aplicación de esta norma los jueces procurarán que las sanciones no menoscaben el legitimo

ejercicio de los derechos a que da origen la patria potestad o tutela en su caso.

 

SECCION SEXTA

 

DE LOS ATENTADOS CONTRA LOS

 

DERECHOS Y LA INTEGRIDAD DE LOS NIÑOS

 

ARTICULO 170. Quien ejerza la mendicidad valiéndose de un niño o lo facilite a otro con el

mismo fin, o de cualquier otro modo trafique con él, incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (6)

años.

 

La pena anterior se aumentará en dos tercios cuando:

 

1) Se trate de menores de doce (12) años; o

 

2) Cuando el niño esté afectado por deficiencias físicas o mentales que tiendan a producir

sentimientos de conmiseración, repulsión u otros semejantes.

 

ARTICULO 171. Quien promueva o realice la adopción de un niño sin cumplir los requisitos

establecidos en este Código y en el Código de Familia o utilizando prácticas irregulares lesivas para

el niño se sancionará con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años.

 

La pena anterior se aumentará en dos tercios cuando:

 

1) El hecho se realice con ánimo de lucro; o

 

2) El partícipe se aproveche de su investidura oficial o de su profesión para realizar el hecho. En

estos casos, además, el partícipe perderá su empleo y no podrá ejercer su profesión durante cinco

(5) años.

 

ARTICULO 172. Cuando el delito de negación de asistencia familiar se cometa contra un niño, se

sancionará al responsable con reclusión de uno (1) a tres (2) años y multa de un mil (L. 1,000.00) a

cinco mil lempiras (L.5,000.00).

 

ARTICULO 173. Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en el delito de lesiones

personales, será sancionado con la multa prevista en el artículo anterior, sin perjuicio de las medidas

de protección que adopte la Junta Nacional de Bienestar Social.

 

Para los efectos de este artículo, se considera maltrato a un niño cuando se le hace víctima de

violencia física o psíquica o cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgos para su

salud física o mental o para su condición moral o que impidan su concurrencia a los establecimientos

educativos.

 

ARTICULO 174. La Junta Nacional de Bienestar Social o el Ministerio Público serán parte en los

procesos que se adelanten por los hechos punibles previstos en esta Sección. Con tal fin, el juzgado

correspondiente les notificará lo pertinente.

 

SECCION SEPTIMA

 

DEL NIÑO ADICTO A SUSTANCIAS QUE PRODUCEN DEPENDENCIA

 

ARTICULO 175. Es obligación del Estado, de la familia y de la comunidad proteger a los niños

contra el uso de sustancias que producen dependencia o adicción.

 

El padre, la madre y los representantes legales de un niño tienen la responsabilidad de orientarlo

respecto de la drogadicción. Están obligados, asimismo, a participar en los programas de

prevención y tratamiento de tal adicción que lleven a la práctica entidades públicas o privadas y a

velar porque el tiempo libre de los niños sea aprovechado en actividades educativas, recreativas,

deportivas o artísticas.

 

ARTICULO 176. La Secretaría de Estado en los Despachos de Educación Pública, en

coordinación con el Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, la

Drogadicción y Farmacodependencia, (IHADFA), formulará programas tendentes a prevenir la

drogadicción y a informar sobre los riesgos de la farmaco-dependencia.

 

Los niños que sufran de alcoholismo o farmaco-dependencia serán preferentemente tratados por el

(IHADFA) o por servicios públicos o privados con los que éste tenga relación.

 

ARTICULO 177. Las autoridades y el personal docente o administrativo de los centros de

enseñanza que detecten entre los educandos tenencia, tráfico, comercialización o consumo de

drogas prohibidas, darán cuenta del hecho al Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento

del Alcoholismo, la Drogadicción y Farmacodependencia, (IHADFA), y a los padres o

representantes legales del menor para que tomen las medidas correctivas necesarias. La omisión

será sancionada con multa de un mil (L. 1,000.00) a cinco mil (L.5,000.00) lempiras, sin perjuicio

de las demás responsabilidades a que haya lugar.

 

El alcoholismo, el tabaquismo o la drogadicción de un niño no servirá de base para negarle acceso a

un centro educativo, salvo que el Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del

Alcoholismo, la Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) considere que el hecho puede ser

perjudicial para los otros niños. En tal caso, las autoridades educativas adoptarán las medidas

necesarias para que el niño no interrumpa sus estudios por dicha causa. El incumplimiento de esta

disposición será sancionada en la forma prevista en el párrafo anterior.

 

ARTICULO 178. Quienes utilicen a un niño para la producción o tráfico de sustancias

estupefacientes o farmaco-dependientes, serán sancionados con las penas establecidas en la Ley

sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas.

 

ARTICULO 179. El Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, la

Drogadicción y Farmacodependencia, (IHADFA), cooperará con las autoridades competentes en

el comiso y destrucción de todo material escrito, televisivo, fotográfico y cinematográfico, radial o

computarizado que incite a la drogadicción, al alcoholismo o al tabaquismo. denunciará, igualmente,

tales hechos ante el Ministerio Público y demás autoridades competentes.

 

TITULO III

 

DE LOS NIÑOS INFRACTORES DE LA LEY

 

CAPITULO I

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 180. Los niños no se encuentran sujetos a la jurisdicción penal ordinaria o común y

sólo podrá deducírseles la responsabilidad prevista en este Código por las acciones u omisiones

ilícitas que realicen.

 

Lo dispuesto en el presente Título únicamente se aplicará a los niños mayores de doce (12) años de

edad que cometan una infracción o falta.

 

Los niños menores de doce (12) años no delinquen. En caso de que cometan una infracción de

carácter penal sólo se les brindara la protección especial que su caso requiera y se procurará su

formación integral.

 

ARTICULO 181. Los derechos de los niños serán respetados en todo procedimiento a que se les

someta.

 

Ningún niño podrá ser declarado autor o partícipe de una infracción que no esté expresamente

consagrada en la ley penal en el momento en que se cometió, ni sometido a una jurisdicción distinta

de la de los Juzgados de la Niñez o de los que hagan sus veces ni siguiendo procedimientos

diferentes de los establecidos en el presente Código.

 

ARTICULO 182. Como en todos los procesos, en aquellos en que figure un niño se respetarán las

garantías procesales consagradas en la Constitución de la República y en las leyes, especialmente las

que se refieren a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, a no ser juzgado en ausencia, a

ser puesto en libertad inmediata si a criterio de la autoridad competente no existen indicios

racionales de su participación en la comisión de la infracción, a gozar de asesoramiento y asistencia

legal profesional en forma inmediata, a no declarar contra sí mismo, a que no se ejerza violencia

para forzarlo a declarar y a que la declaración obtenida en forma violenta o forzosa o en ausencia

del asesor legal carezca de todo valor; a que se cumplan los términos, plazos y trámites procesales

en la forma prevista por la ley; a que la sentencia se fundamente en la prueba presentada, a que la

sanción sea proporcional al daño ocasionado, a que no se le apliquen medidas distintas de las

establecidas en este Código y a recurrir contra la sentencia, en su caso.

 

ARTICULO 183. Por las mismas razones señaladas en el artículo anterior, los niños tendrán

derecho a no ser sometidos a procedimiento más de una vez por los mismos hechos; a que les sea

aplicada la nueva ley si le resulta más favorable; a que su participación en el sistema educativo y sus

actividades recreativas y de esparcimiento no resulten afectadas por la sentencia o a que lo sean en

el menor grado posible; a que sus progenitores o representantes legales se encuentren presentes en

las diversas etapas del procedimiento, salvo si tal presencia les es perjudicial; a tener una

identificación personal o a que se le provea de una en caso de faltarle; a ser indemnizados por el

daño moral o material que se les haya causado; y a pedirle al Ministerio Público, por medio de sus

representantes, que ejercite las acciones pertinentes para deducirles responsabilidades a los

funcionarios y empleados judiciales, administrativos o de cualquier otro orden que hayan abusado

de su autoridad o violado sus derechos.

 

ARTICULO 184. Cuando en los procedimientos que se sigan contra uno o varios niños aparezcan

implicadas personas mayores de dieciocho (18) años, se testimoniará lo relacionada con éstas y se

remitirá el correspondiente testimonio al respectivo juzgado o tribunal.

 

Si en una causa seguida contra mayores de dieciocho (18) años aparecen implicados niños, éstos se

pondrán a disposición del correspondiente Juzgado de Letras de la Niñez o del que haga sus veces.

 

ARTICULO 185. Cuando en la investigación de una infracción hecha por los jueces ordinarios

resulte comprometido un niño menor de dieciocho (18) años y mayor de doce (12), se enviarán sin

tardanza copias del respectivo expediente al Juez de la Niñez competente, o al que haga sus veces.

 

Si el niño se encuentra detenido, será puesto de inmediato a disposición de la Junta Nacional de

Bienestar Social, para los efectos consiguientes.

 

La violación de esta norma dará lugar a que se aplique al responsable la medida disciplinaria

correspondiente.

 

ARTICULO 186. Las acciones civiles para el pago de perjuicios ocasionados por la infracción

cometida por un niño deberá promoverse ante la jurisdicción civil, de acuerdo con las normas

generales.

 

Con tal fin, los juzgados ordinarios podrán socilitar al Juez competente copia de la parte resolutiva

del fallo en que se declare a un niño como autor o partícipe por una infracción penal, con el solo

objeto de fundamentar la acción civil correspondiente.

 

ARTICULO 187. El cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad no afectará el seguimiento

de las medidas o tratamientos decretados por la autoridad competente.

 

En tal caso, el juez revisará de oficio la sentencia dictada y podrá acordar:

 

a) La estensión de la medida o medidas que hubiere dictado;

 

b) La prolongación de dichas medidas si no se han alcanzado los propósitos perseguidos; y

 

c) El internamiento del menor en una granja penal, en una institución de tratamiento neuro-siquiátrico

o en un centro de trabajo.

 

Si adoptada alguna de las medidas anteriores el mayor de dieciocho (18) años comete una nueva

infracción constitutiva de delito, el juez competente lo pasará a jurisdicción de los tribunales

comunes.

 

CAPITULO II

 

DE LAS MEDIDAS APLICABLES A LOS NIÑOS INFRACTORES

 

SECCION PRIMERA

 

DE LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS

 

ARTICULO 188. Cometida una infracción, la autoridad competente podrá aplicar las medidas

siguientes:

 

a) Orientación y apoyo socio-familiar;

 

b) Amonestación;

 

c) Imposición de reglas de conducta;

 

ch) Prestación de servicios a la comunidad;

 

d) Obligación de reparar el daño;

 

e) Residencia obligatoria en un lugar determinado;

 

f) Libertad asistida;

 

g) Régimen de semilibertad; y,

 

h) Internamiento.

 

ARTICULO 189. Las medidas a aplicar al niño deberán ser proporcionales a la infracción y

tendrán en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes que concurran, así como las

necesidades del niño y de la sociedad.

 

Las medidas podrán ser suspendidas, revocadas o sustituidas por otras, previo estudio profesional,

y aplicarse en forma simultánea, sucesiva o alternativa.

 

Durante el cumplimiento de las medidas se procurará mantener al niño en relación con su familia.

 

ARTICULO 190. La orientación y apoyo socio-familiar a que se refiere el inciso a) del artículo

188, precedente, consistirá en la incorporación del niño y su familia a los servicios de atención y

tratamiento estatales, comunitarios o de orden familiar.

 

ARTICULO 191. Para los efectos de lo dispuesto en la literal b) del artículo 188, anterior, la

amonestación consistirá en el llamado de atención que el Juez le hará oralmente al niño infractor para

que en lo sucesivo se abstenga de actuar en forma irregular.

 

La amonestación, en su caso, comprenderá un llamado de atención a los padres o representantes

legales sobre la conducta del niño, a fin de que coadyuven a su enmienda.

 

ARTICULO 192. La imposición de reglas de conducta al niño a que se refiere el literal c) del

artículo 188, consistirá en la aplicación a éste de alguna de las obligaciones o prohibiciones

siguientes:

 

a) Asistir a los correspondientes centros educativos o de trabajo, o a ambos;

 

b) Ocupar el tiempo libre en el cumplimiento de programas previamente determinados;

 

c) Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una institución o persona determinada;

 

ch) No concurrir a determinados ambientes reservados para mayores de dieciocho (18) años y

evitar la compañía de personas que puedan inducirlo a la ejecución de actos perjudiciales para su

salud física, mental o moral;

 

d) Abstenerse de concurrir a determinadas reuniones o de visitar determinados lugares;

 

e) Prohibición de salir del país, del lugar de su domicilio o del área que le fije el respectivo juzgado;

 

f) Obligación de comparecer ante determinadas autoridades;

 

g) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes o tóxicos o productos

farmacéuticos que originen dependencia o adicción y, en su caso, asistir a programas de apoyo para

alcohólicos, farmacodependientes o toxicómanos;

 

h) Participar en actividades y programas propios para su edad dentro de la comunidad; e,

 

i) Abstenerse de acercarse a la víctima u otras personas siempre que ello no afecte su derecho de

defensa.

 

Las reglas de conducta contenidas en este artículo deberán ser motivadas y determinadas. Lo

dispuesto en los literales c), e), f) e i), podrán aplicarse como medidas cautelares.

 

ARTICULO 193. Los servicios a la comunidad a que se refiere la literal ch) del artículo 188,

precedente, consistirán en tareas de interés general que el niño deberá realizar en forma gratuita.

Dichos servicios en ningún caso podrán exceder de seis (6) meses.

 

Las tareas a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplirse durante horas que no interrumpan

su asistencia a la escuela o al trabajo y se prestarán en establecimientos públicos o durante la

ejecución de programas comunitarios que no impliquen riesgo para el niño ni menoscabo a su

dignidad.

 

ARTICULO 194. La obligación de reparar el daño a que alude en inciso d) del artículo 188,

anterior, nacerá cuando resulte afectado el patrimonio de la víctima. En tal caso, la autoridad

competente podrá ordenar la devolución de la cosa, su reparación o el pago de una justa

indemnización.

 

ARTICULO 195. Para los efectos del inciso e) del artículo 188, anterior, la residencia obligatoria

ordenada por el juez competente producirá el efecto de que el niño deberá domiciliarse en

determinado lugar o convivir con determinadas personas.

 

ARTICULO 196. La libertad asistida a que se refiere la literal f) del artículo 188, anterior,

consistirá en dejar en libertad al niño infractor, pero quedando obligado a cumplir programas

educativos y de seguimiento en centros específicos o bajo el cuidado de determinadas personas,

quienes deberán contar con la asistencia de especialistas. Esta medida no podrá exceder de doce

(12) meses.

 

ARTICULO 197. El régimen de semilibertad a que se refiere el inciso g) del artículo 188 consistirá

en que el niño infractor deberá cumplir la sanción que se le haya impuesto en el centro que

determine la respectiva sentencia, sin perjuicio de poder realizar actividades fuera de dicho centro.

 

El régimen a que este artículo se refiere tendrá una duración máxima de un (1) año.

 

ARTICULO 198. Para los efectos de lo dispuesto en la literal h) del artículo 188, el internamiento

será una medida excepcional que consistirá en privar de su libertad al niño:

 

a) Porque la infracción cometida por el mismo haya producido daño a la vida de una persona o haya

consistido en amenazas o graves violencias contra otros seres humanos;

 

b) Porque la acción u omisión haya implicado reincidencia o habitualidad en la comisión de

infracciones;

 

c) Porque el niño haya rechazado expresa, reiterada e injustificadamente el cumplimiento de otras

medidas o sanciones impuestas por la autoridad competente; o

 

ch) Porque existe peligro de fuga u obstrucción de la investigación.

 

El internamiento se aplicará por el menor tiempo posible y no podrá exceder del que sea

estrictamente necesario para la rehabilitación del niño. La acumulación no podrá exceder de ocho

(8) años.

 

Los efectos del internamiento se evaluarán cada seis (6) meses.

 

ARTICULO 199. Los niños internados conservarán los siguientes derechos:

 

a) Cumplir la medida únicamente en los centros especiales habilitados para ello y jamás en las

cárceles comunes:

 

b) Ser informados sobre el régimen a que estarán sujetos y las medidas disciplinarias que les serán

aplicables, en su caso;

 

c) Recibir asesoramiento jurídico eficaz, regular y privado;

 

ch) Continuar su desarrollo educativo o su formación profesional. Los correspondientes certificados

en ningún caso harán referencia al internamiento o al centro de su cumplimiento;

 

d) Continuar realizando actividades recreativas o de esparcimiento;

 

e) Recibir información sobre los derechos propios de su estado y sobre los procedimientos para

presentar quejas;

 

f) Ser objeto de traslados legales;

 

g) Permanecer separados de otros niños que puedan influir negativamente en su conducta y de los

mayores de dieciocho (18) años que todavía se encuentren cumpliendo una medida;

 

h) Contar con condiciones adecuadas de higiene en un ambiente físico también adecuado;

 

i) Contar con prendas de vestir corrientes y que, por ende, no sean distintivas de su condición bien

sea por su uniformidad o porque cuenten con emblemas, monogramas u otras características que las

singularice;

 

j) Tener acceso a trabajos autorizados conforme a las estipulaciones de este Código;

 

k) Profesar el culto religioso que libremente escojan;

 

l) Recibir la atención médica y los tratamientos especializados que requieran;

 

m) Recibir visitas de sus familiares y comunicarse con ellos en forma regular;

 

n) Mantener contacto con la comunidad local para elevar sus grados de sociabilidad;

 

ñ) Recibir un tratamiento adecuado de parte de las autoridades encargadas de su custodia, las que

procurarán evitar el uso de la fuerza o el empleo de cualquier clase de armas en cumplimiento de sus

cometidos. El tratamiento adecuado implicará que a los niños no se les podrán aplicar sanciones

colectivas ni exigirles que actúen como agentes mantenedores del orden o de la disciplina;

 

o) Ser reintegrados gradual y progresivamente a la normalidad social y ser informados sobre las

etapas previstas para dicho reintegro; y

 

p) Contar con instancias de apelación que garanticen los anteriores derechos.

 

ARTICULO 200. Las medidas menos graves impuestas a los niños podrán dejarse en suspenso si

hubieran razones para creer que no cometerán nuevas infracciones. Esta disposición se aplicará

especialmente cuando aquéllos no hayan realizado acciones u omisiones que impliquen violencia

grave contra las personas.

 

En la sentencia por medio de la cual se conceda la suspensión de una medida se advertirá al niño y a

sus padres o representantes legales sobre los alcances del beneficio y sobre las consecuencias de su

incumplimiento.

 

ARTICULO 201. Los jueces competentes podrán ordenar, siempre que lo estimen oportuno, que

se practiquen a los niños exámenes médicos, psicosociales y psiquiátricos.

 

Si el niño adolece de alguna discapacidad o es adicto a sustancias que producen dependencia, se le

someterá a la terapia que requiera.

 

ARTICULO 202. En caso de faltas, y si no fueren aplicables los criterios de oportunidad o

remisión, el juez competente oirá al niño si su madurez lo hace aconsejable, al ofendido y a los

agentes captores en una audiencia reservada en la que recibirá la prueba que se presente.

 

Concluida la audiencia, se dictará resolución absolviendo al niño o imponiéndole la medida que sea

procedente.

 

ARTICULO 203. Teniendo en cuenta su gravedad, las faltas se sancionarán con:

 

a) Amonestación verbal o escrita;

 

b) La imposición de reglas de conducta de una duración máxima de treinta (30) días; o

 

c) La obligación de reparar el daño.

 

Las sentencias recaídas en procedimientos relacionados con faltas sólo serán apelables cuando

violen alguno de los derechos que, según el presente Código, le corresponde a los niños.

 

ARTICULO 204. Las acciones en contra de los niños infractores de la ley penal prescribirán en

cinco (5) años.

 

Las acciones por faltas prescribirán en sesenta (60) días.

 

ARTICULO 205. Las medidas socio-educativas previstas en este Código no serán conmutables ni

serán objeto de caución.

 

SECCION SEGUNDA

 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

 

ARTICULO 206. Para garantizar la presencia del niño durante el proceso el juez podrá adoptar

cualquiera de las medidas cautelares siguientes:

 

a) Orientación y apoyo socio-familiar;

 

b) Imposición de las reglas de conducta determinadas en el artículo 192, anterior;

 

c) Residencia obligatoria;

 

ch) Libertad asistida;

 

d) Semilibertad; y

 

e) Internamiento.

 

ARTICULO 207. Las medidas cautelares serán impuestas excepcionalmente, mediante resolución

judicial fundada y durarán el tiempo necesario para cumplir el trámite de que se trate. Deberán ser

proporcionales a la infracción cometida y adecuadas a las circunstancias en que se encuentre el niño.

 

SECCION TERCERA

 

DE LA APREHENSION

 

ARTICULO 208. La aprehensión de niños infractores será hecha de conformidad con las

disposiciones, principios, derechos y procedimientos consignados en la Constitución de la

República, el presente Código y demás leyes aplicables.

 

Quienes realicen la aprehensión del niño infractor deberán reducir al mínimo el uso de la fuerza u

otro medio que pueda ocasionarle daño.

 

Los niños menores de doce (12) años de edad serán aprehendidos para el sólo efecto de ponerlos a

disposición de sus padres o representantes legales.

 

ARTICULO 209. Ningún niño podrá ser aprehendido sin orden escrita de juez competente.

Quienes realicen la aprehensión deberán identificarse y mostrar la orden judicial que los autoriza

para ejecutarla.

 

No obstante lo anterior, cualquier miembro de la policía o cualquier ciudadano podrá aprehender a

un niño en el momento de cometer una infracción penal sin necesidad de mandamiento judicial para

el solo efecto de ponerlo de inmediato a la orden del juez competente. Este, cuando proceda,

pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público.

 

Cuando por cualquier circunstancia el aprehendido no pueda ser puesto a la orden de la autoridad

competente, deberá ser llevado a un centro público de atención de niños.

 

La violación de lo dispuesto en este artículo será sancionado como abuso de autoridad.

 

ARTICULO 210. La autoridad competente que tenga conocimiento de la aprehensión de un niño

adoptará sin tardanza las medidas necesarias para que sea puesto a sus órdenes, so pena de

complicidad.

 

ARTICULO 211. Los niños a que este Código se refiere no podrán ser esposados, atados ni

asegurados con cualquier otro medio que atente contra su dignidad, salvo que exista peligro

inminente de fuga o de que se cause daño o se lo pueda causar a otras personas.

 

La violación de esta norma se sancionará con destitución del responsable, sin perjuicio de lo que

prescriban otras leyes.

 

ARTICULO 212. Los niños que en el momento de su presentación a la autoridad competente

muestren lesiones físicas o alteraciones mentales o emocionales, serán remitidos sin tardanza a una

entidad pública en la que puedan recibir el tratamiento requerido.

 

La Dirección de Investigación Criminal, en forma simultánea, investigará los sucesos en los que

supuestamente el niño resultó lesionado a fin de proceder contra los responsables, si los hubiere.

 

ARTICULO 213. Todo niño será informado, en el momento de su aprehensión, de las razones que

la motivan y de la acusación formulada en su contra. También se le informará acerca de sus

derechos y sobre la manera de ejercerlos. Estos consisten en:

 

a) Ser aprehendido tan sólo por la comisión de un delito o falta;

 

b) Ser aprehendido únicamente si media orden escrita de juez competente, expedida con las

formalidades legales. Se exceptúa el caso de la acción u omisión in fraganti;

 

c) Ser informado, con la claridad posible, en el acto de la aprehensión, de los hechos que la motivan

y de sus derechos;

 

ch) Poder comunicar su aprehensión, en forma inmediata, a sus padres o representantes legales u

otros parientes;

 

d) Ser puesto sin tardanza a la orden de la autoridad competente, para la atención de su caso;

 

e) El respeto de su dignidad y de su integridad física, psíquica y moral; y

 

f) Poder denunciar en forma directa o por medio de sus padres o representantes legales o, en

general, de terceras personas, los abusos o arbitrariedades a que eventualmente haya sido sometido

por funcionarios o empleados públicos o agentes de la policía.

 

ARTICULO 214. Si para la aprehensión de un niño fuere necesario el empleo de armas, deberán

preferirse las incapacitantes no letales.

 

Las autoridades velarán, en todo caso, porque se preste de inmediato asistencia y servicios médicos

a las personas heridas o afectadas y porque se informe de los hechos a los superiores jerárquicos.

 

ARTICULO 215. Cuando los niños infractores no puedan, por cualquier causa, comunicar su

aprehensión a sus padres o representantes legales, tal comunicación la hará de oficio la autoridad

que la haya efectuado.

 

ARTICULO 216. La aprehensión de los niños extranjeros será notificada sin tardanza a la oficina

consular o misión diplomática de su país de origen o procedencia.

 

Si el niño fuese refugiado y se encuentra bajo la protección de una organización internacional, la

aprehensión se notificará a ésta.

 

Ni la nacionalidad ni la condición de refugiado podrán invocarse para no someter a la justicia

nacional a una persona, salvo que los tratados internacionales de que Honduras forme parte

establezcan otra cosa.

 

ARTICULO 217. Las niñas infractoras que se hallen en estado de gravidez o que sean madres

lactantes tendrán derecho a que las autoridades que las hayan aprehendido les dispensen un

tratamiento especial acorde con su estado.

 

ARTICULO 218. Las autoridades que realicen la aprehensión de un niño informarán del hecho, sin

tardanza, a la Junta Nacional de Bienestar Social o al Ministerio Público, a fin de que cuente con la

asesoría legal que necesite. Esta disposición se entenderá sin perjuicio del derecho que tienen sus

padres o representantes legales de nombrar un defensor privado.

 

CAPITULO IIIIII

 

DE LA CONCILIACION, DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD Y DE LA

REMISION

 

ARTICULO 219. Iniciadas diligencias contra un niño infractor, el Ministerio Público o cualquier

persona interesada podrá solicitar al juez competente que someta el asunto a conciliación o que el

mismo sea manejado de acuerdo con el criterio de oportunidad o con el procedimiento de remisión.

 

El juez accederá a lo solicitado si la medida de que se trate cumple las condiciones establecidas en

los artículos siguientes del presente Capítulo.

 

ARTICULO 220. La conciliación procederá en cualquier etapa del proceso anterior a la apertura a

juicio y será aplicable cuando en las infracciones cometidas no haya existido violencia contra las

personas.

 

La conciliación será un acto voluntario que en ningún caso podrá entenderse como que el niño es

responsable de la infracción que se le imputa. La conciliación no tendrá lugar cuando en cualquier

forma vulnere los intereses del niño.

 

Por medio de la conciliación podrá pactarse la remisión del asunto.

 

ARTICULO 221. Para la audiencia de conciliación se citará a todos los participantes en el

proceso. Si no comparece alguno de los interesados, se dejará constancia de ello en el respectivo

expediente.

 

Si la audiencia no pudiera llevarse a cabo en la fecha establecida, el juez competente señalará nueva

audiencia.

 

ARTICULO 222. Si en la audiencia de conciliación los interesados se ponen de acuerdo, se

levantará acta en la que se dejará constancia de las obligaciones pactadas, entre las cuales quedará

comprendida la reparación del daño y el momento en que ésta debe efectuarse.

 

Del acta de conciliación se extenderá certificación a los interesados, la que tendrá fuerza ejecutiva.

 

ARTICULO 223. El cumplimiento de las obligaciones de contenido patrimonial que correspondan

a un niño podrá ser asumido por cualquier persona.

 

El incumplimiento sin causa justificada de las obligaciones de contenido no patrimonial dejará sin

valor ni efecto la conciliación, en cuyo caso el proceso continuará hasta que recaiga sentencia

definitiva.

 

Si las obligaciones fueren de contenido patrimonial, la víctima, antes de promover la acción civil,

podrá solicitar al juzgado competente o al Ministerio Público que requieran el cumplimiento de

aquéllas.

 

ARTICULO 224. Por el criterio de oportunidad el Ministerio Público podrá solicitar al Juzgado de

la Niñez competente, o al que haga sus veces, que se abstenga de conocer de la acción deducida o

que admita su desistimiento si media justa indemnización para la víctima, en su caso, y siempre que

concurra alguna de las causales siguientes:

 

a) Que se trate de acciones u omisiones en que la responsabilidad del niño es mínima;

 

b) Que el niño haya hecho cuanto estaba a su alcance para impedir la comisión de la infracción o

para limitar sus efectos;

 

c) Que el niño haya resultado gravemente afectado por la acción u omisión; o

 

ch) Que la infracción cometida no haya producido un impacto social significativo.

 

El criterio a que este artículo se refiere se aplicará cuando las infracciones no merezcan, de acuerdo

con el Código Penal o la ley especial de que se trate, pena de reclusión que exceda de cinco (5)

años. El Juez podrá otorgarlo aún con oposición de la víctima, quien podrá hacer uso de los

recursos correspondientes.

 

ARTICULO 225. Por la remisión, el Juzgado de la Niñez podrá resolver que el niño quedará

obligado a participar en programas comunitarios si él mismo o sus padres o representantes legales lo

consienten, pero bajo el control de la institución que los realice. El consentimiento otorgado por el

niño podrá impugnarse por quienes ejerzan sobre él la patria potestad o por sus representantes

legales.

 

El consentimiento sólo podrán otorgarlo los niños cuyo grado de madurez lo permita.

 

La remisión procederá siempre que la pena aplicable a la infracción no exceda de dos (2) años.

 

CAPITULO IV

 

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO

 

ARTICULO 226. Todo niño infractor participará en el proceso a que sea sometido si su grado de

madurez lo aconseja. En su caso, tendrá derecho, desde el inicio de la investigación, a ser

representado y oído, a proponer pruebas y a interponer recursos, sin perjuicio de los demás

derechos consignados en el presente Código.

 

ARTICULO 227. Los padres y los representantes legales del niño podrán intervenir en todo el

proceso. Se tendrán, para los efectos de este Código, como representantes legales del niño, a

quienes lo sean de acuerdo con el Derecho vigente y, en defecto de los mismos, a las personas que

lo tengan bajo su cuidado en forma temporal o permanente.

 

El juez podrá separar a unos u otros del proceso si comprueba que su participación perjudica a el

niño. La resolución debe ser razonada.

 

ARTICULO 228. Si los padres o representantes legales del niño están ausentes o se desconoce su

paradero, el Juez de la Niñez competente, con el auxilio de la Junta Nacional de Bienestar, adoptará

las medidas que sean necesarias para localizarlos. Tales medidas no suspenderán los procedimientos

administrativos o judiciales que se hallen en curso o que deban iniciarse.

 

ARTICULO 229. Todo niño que real o supuestamente haya cometido una infracción será asistido

por un defensor. Este podrá ser nombrado por sus padres o representantes legales, de oficio por el

juez que conoce del asunto o por la Junta Nacional de Bienestar Social.

 

ARTICULO 230. Corresponderá al Ministerio Público la investigación de las infracciones penales

de que trata este Título; procurar la conciliación, la aplicación del criterio de oportunidad o la

remisión, cuando procedan; ejercitar las acciones a que haya lugar; solicitar, en su caso, la cesación,

suspensión, modificación o sustitución de las medidas decretadas; interponer recursos y, en general,

velar por el cumplimiento de la ley.

 

ARTICULO 231. La víctima de la infracción cometida por un niño participará en el proceso en la

forma establecida en el presente Código y demás leyes aplicables y podrá:

 

a) Denunciar la infracción ante el juzgado competente;

 

b) Aportar información y cualquier medio probatorio al juzgado que conozca de la causa;

 

c) Reclamar ante el Ministerio Público por las acciones u omisiones del Fiscal durante el proceso; y

 

ch) Hacer uso de los recursos que la ley señala.

 

CAPITULO V

 

DEL PROCEDIMIENTO

 

SECCION PRIMERA

 

DE LA ETAPA PREPARATORIA

 

ARTICULO 232. La investigación de las infracciones cometidas por un niño se iniciará de oficio o

por denuncia, querella o acusación.

 

ARTICULO 233. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de una infracción por

parte de un niño mayor de doce (12) años y menor de dieciocho (18) podrá denunciarla al

Ministerio Público y, en su defecto, al juzgado competente.

 

En todo caso la denuncia se hará del inmediato conocimiento del Ministerio Público.

 

ARTICULO 234. El Ministerio Público, al iniciar la investigación, dispondrá que se compruebe la

edad del presunto niño y le informará a éste y a sus padres o representantes legales que se ha

iniciado la investigación y los cargos que se le imputan a aquél para que ejerzan el derecho de

defensa.

 

ARTICULO 235. El Ministerio Público, sobre la base de las investigaciones que haya realizado,

presentará a el Juez:

 

1) Solicitud de sobreseimiento y archivo de las diligencias por no haber mérito para promover la

acción, bien sea porque: a) la supuesta infracción no es constitutiva de delito; b) la misma no fue

cometida; c) no existen indicios racionales de que el niño de que se trate tuvo alguna participación

en la infracción; o ch) concurre alguna eximente de responsabilidad;

 

2) Solicitud de suspensión provisional del proceso si se hubieran dictado medidas cautelares o por

existir pruebas pendientes de evacuación; o

 

3) Acusación contra el niño infractor.

 

ARTICULO 236. Si el Ministerio Público no ha concluido la investigación correspondiente dentro

del plazo establecido por el presente Código, la parte ofendida o su representante legal podrá

solicitar al juez que requiera las diligencias de la investigación.

 

Vistas las diligencias, si el juez considera que lo hecho por el Ministerio Público no está conforme a

la ley, ordenará ampliación de la investigación, la que deberá practicarse por un Fiscal diferente del

que venía actuando.

 

ARTICULO 237. Iniciado el procedimiento, se dictarán de inmediato las medidas cautelares y de

protección al niño reconocidas por este Código.

 

Dictada una medida cautelar, las investigaciones para establecer la verdad no podrán exceder de

treinta (30) días. Este plazo, sin embargo, podrá ampliarse a petición del Ministerio Público hasta

por treinta (30) días adicionales.

 

ARTICULO 238. El juez podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que el Ministerio Público

practique las investigaciones complementarias que sean necesarias para el debido esclarecimiento de

los hechos.

 

ARTICULO 239. Durante el trámite del juicio el juez podrá ordenar, de oficio o a petición de

parte, que se reciban anticipadamente los medios probatorios que sean irreproducibles, difíciles de

obtener o que no admitan dilación. Esta medida se adoptará previa información de las partes.

 

ARTICULO 240. Concluida la investigación de los hechos, dentro de las veinticuatro (24) horas

siguientes se abrirá el juicio si hubiere mérito para ello. La apertura se hará con conocimiento de las

partes.

 

Si cumplido lo anterior no se interpone recurso, el juez señalará día y hora para la celebración de la

audiencia preparatoria con citación de las partes.

 

ARTICULO 241. La audiencia preparatoria a que se refiere el artículo anterior tendrá por objeto:

 

a) Ratificar, modificar o retirar los cargos por parte del Ministerio Público o de quien los haya

formulado;

 

b) Resolver las cuestiones de competencia, las excusas, recusaciones y demás incidentes;

 

c) Determinar las personas que deberán comparecer en el juicio, con señalamiento del lugar en que

deberán atender la citación; y

 

ch) Ofrecer las pruebas que se presentarán en el juicio.

 

En la audiencia a que este artículo se refiere el juez señalará día y hora para la celebración de la vista

de la causa, la que se efectuará dentro de un plazo no inferior a cinco (5) días ni superior a diez

(10), debiendo notificarse a las partes.

 

La inasistencia de una de las partes a la audiencia preparatoria no invalidará lo resuelto en ésta.

 

SECCION SEGUNDA

 

DEL JUICIO

 

ARTICULO 242. El juicio se realizará el día y hora señalados en audiencia reservada.

 

Verificada la presencia de las partes, el Juez dará por iniciada la audiencia, informará al supuesto

infractor sobre el significado y la importancia del acto y ordenará la lectura de los cargos.

 

Cuando existan motivos para creer que algún asunto podrá causarle daños psicológicos o de otra

naturaleza al niño, el juez podrá disponer su retiro transitorio de la audiencia.

 

ARTICULO 243. El juez explicará al niño, en forma clara y sencilla, los cargos que se le atribuyen,

advirtiéndole que podrá abstenerse de declarar, pero que el juicio continuará aunque él guarde

silencio.

 

Una vez que el niño haya declarado, podrá ser interrogado por el Fiscal, el acusador y la defensa.

Además, podrán perdírsele aclaraciones sobre lo que ha manifestado.

 

El niño, en todo momento, podrá consultar con su defensor.

 

Si fueren varios los niños supuestamente infractores, declararán y se les interrogará en forma

separada.

 

ARTICULO 244. Antes de que se inicie la audiencia a que se refiere el artículo anterior, el Fiscal

podrá ampliar los cargos o pedir que se les califique de manera distinta, bien sea por la ocurrencia

de hechos nuevos o bien porque ha tomado conocimiento de acontecimientos que desconocía en el

momento en que formuló la acusación.

 

Si la petición no modifica esencialmente los cargos ni provoca indefensión, se tramitará en la misma

audiencia. En caso contrario, se oirá nuevamente al niño y se notificará a las partes para que, si lo

estiman necesario, soliciten la suspensión de la vista. En este último caso, la audiencia se continuará

dentro de los ocho (8) días siguientes.

 

ARTICULO 245. Toda prueba se producirá en el juicio y será inadmisible la que se pretenda

introducir mediante lectura. Se exceptúan las conclusiones de los dictámenes periciales y la prueba

anticipada, que se agregarán formalmente al respectivo expediente.

 

ARTICULO 246. La audiencia se dividirá en dos etapas. La primera versará sobre la existencia

del hecho y sobre el grado de participación que tuvo en el mismo el supuesto infractor; la segunda

versará sobre la medida que corresponda aplicar.

 

En su caso, el juez determinará la medida con que se sancionará la infracción, la forma y

condiciones en que deberá cumplirse y su duración.

 

ARTICULO 247. Durante la primera etapa a que se refiere el artículo anterior el juez oirá, uno a

uno y por su orden, a los testigos propuestos por la Fiscalía, el acusador y la defensa.

 

Antes de rendir su declaración los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni

recibir información sobre lo que ocurrido durante la audiencia. Si lo estima conveniente, el Juez

podrá ordenar que los testigos continúen incomunicados aun después de haber rendido su

declaración.

 

ARTICULO 248. Los testigos, peritos y especialistas actuarán bajo juramento y después de haber

depuesto sobre sus generales de ley el juez les concederá la palabra para que informen todo lo que

saben acerca del hecho que se investiga.

 

Todos ellos podrán ser interrogados en forma directa por las partes en el orden y en la oportunidad

que el juez determine. Este podrá interrogarlos después de las partes.

 

El Juez moderará el interrogatorio a que se refiere el párrafo precedente, evitará y desestimará las

preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes y hará lo necesario para que durante el mismo no se

produzcan presiones indebidas ni se ofenda la dignidad del declarante.

 

Las partes podrán pedir al juez la reconsideración de sus decisiones limitativas y objetar las

preguntas que se formulen. Las objeciones valdrán si el juez las aprueba.

 

ARTICULO 249. En cualquier momento del juicio, pero antes de la sentencia, el juez podrá, de

oficio o a petición de parte, ordenar que se reciba cualquier prueba si surgen nuevos hechos que las

justifiquen.

 

ARTICULO 250. Los documentos probatorios deberán leerse y exhibirse en la audiencia e

indicarse su origen. Los objetos secuestrados deberán ser exhibidos para su reconocimiento.

 

Las grabaciones y las pruebas audiovisuales deberán reproducirse por escrito. El juez podrá,

siempre que lo estime oportuno, decidir que de su contenido sólo tomen conocimiento las partes.

 

ARTICULO 251. Rendidas las pruebas, el Juez concederá la palabra a las partes, por un término

máximo de treinta (30) minutos, para que presenten sus conclusiones. El juez podrá ampliar dicho

término si la naturaleza de los hechos, las pruebas presentadas y las cuestiones a resolver así lo

requieren.

 

Los asuntos que no hayan sido discutidos podrán ser replicados por las partes. Cada una de ellas

contará con un término de quince (15) minutos para hacerlo.

 

Finalizada la vista de la causa, el juez preguntará al presunto infractor si desea hacer una última

manifestación. Hecha ésta, en su caso, el Juez dará por concluida la audiencia y dictará la sentencia

que corresponda.

 

ARTICULO 252. De lo actuado en el juicio se levantará una acta que deberá contener:

 

a) Lugar y fecha de la vista con mención de la hora de inicio y finalización;

 

b) Los nombres y apellidos del niño, de la víctima y de las demás personas que actuaron como

partes o en representación de éstas, con indicación de las conclusiones que emitieron;

 

c) El desarrollo de la audiencia con mención de los incidentes ocurridos durante la misma y de cada

prueba evacuada;

 

ch) Las solicitudes presentadas y las decisiones adoptadas durante la audiencia;

 

d) Contenido de la sentencia;

 

e) Constancia de que se leyó la sentencia y el acta; y

 

f) La firma del juez, del Secretario y de las partes que se hallaren presentes.

 

Para el registro de lo actuado podrán emplearse medios electromagnéticos que garanticen reserva,

inalterabilidad e individualización.

 

ARTICULO 253. La sentencia deberá, según corresponda:

 

a) Declarar absuelto al niño, dejar sin efecto la medida cautelar impuesta y archivar definitivamente

el expediente; o

 

b) Declarar responsable al niño y aplicarle una o varias de las medidas contenidas en este Código,

con indicación de su duración, finalidad y las condiciones en que deba ser cumplida.

 

ARTICULO 254. La sentencia deberá fundarse en las pruebas presentadas, pero tendrá siempre

en cuenta el medio social y las condiciones en que se ha desarrollado la vida del niño y las

circunstancias en que se cometió la infracción.

 

La sentencia se notificará personalmente a las partes en la audiencia en que se dicte.

 

ARTICULO 255. Declarada su inocencia, el niño volverá a gozar de los derechos que se le

hubieren restringido o afectado.

 

CAPITULO VI

 

DE LOS RECURSOS

 

ARTICULO 256. Contra las resoluciones judiciales cabrá el recurso de reposición y,

subsidiariamente, el de apelación.

 

ARTICULO 257. El recurso de reposición se interpondrá dentro de los tres (3) días hábiles

siguientes a la fecha de su notificación y se resolverá a más tardar tres (3) días hábiles después de la

fecha de su interposición.

 

Si durante una audiencia se solicita reposición, ésta se resolverá oralmente en la misma.

 

Contra los autos de sustanciación no se admitirá el recurso de reposición, pero el juez podrá, de

oficio, modificar o revocar aquéllos en cualquier estado del proceso.

 

La interposición del recurso de reposición no suspenderá el cumplimiento de la resolución recurrida.

 

ARTICULO 258. El recurso de apelación procederá contra las sentencias definitivas dictadas en

primera instancia. Se interpondrá oralmente en la misma audiencia o por escrito dentro de los tres

(3) días hábiles siguientes.

 

El recurso de apelación contra una sentencia interlocutoria se concederá sólo en el efecto

devolutivo, pero la sentencia definitiva no se pronunciará mientras el tribunal de alzada no se haya

pronunciado. Las copias del proceso se enviarán al tribunal superior dentro de los dos (2) días

hábiles siguientes a la fecha de la interposición del recurso.

 

La apelación contra sentencias definitivas se concederá sólo en el efecto suspensivo. Se interpondrá

de palabra en el acto de la notificación o por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

 

Si la apelación se solicita durante una audiencia, se resolverá oralmente en la misma. Si se solicita

por escrito, el juez resolverá dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

 

Las apelaciones se sustanciarán de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimientos en

Materia Criminal.

 

ARTICULO 259. Las sentencias recurridas no podrán ser modificadas en perjuicio del niño

infractor si él fuere el recurrente.

 

Para la interposición y trámite de los recursos de revisión y casación se estará a lo dispuesto en el

Código de Procedimientos Penales.

 

CAPITULO VII

 

DE LA EJECUCION Y CONTROL DE LAS MEDIDAS

SOCIO-EDUCATIVAS

 

ARTICULO 260. Los Jueces de la Niñez velarán por el estricto cumplimiento de las medidas que

hayan dictado y porque no se violenten los derechos de los niños.

 

ARTICULO 261. Los jueces a que se refiere el artículo anterior sancionarán con una multa igual a

diez (10) días de salario a los empleados o funcionarios públicos que vulneren los derechos del niño

infractor durante la ejecución de las medidas a que está sujeto.

 

ARTICULO 262. En los centros de internamiento no se admitirán niños sin previa orden escrita de

autoridad competente.

 

En los mismos centros los niños estarán separados teniendo en cuenta su edad, sexo y clase de

internamiento.

 

ARTICULO 263. Los niños infractores que ingresen a un centro de internamiento serán

examinados por un médico inmediatamente después de su ingreso para verificar su estado físico y

mental y para determinar si han sido objeto de malos tratamientos de obra.

 

ARTICULO 264. En los centros de internamiento de niños infractores habrán ejemplares de la

Convención sobre los Derechos del Niño y del presente Código, cuyo contenido será puesto en su

conocimiento y en el de los encargados de su cuidado.

 

ARTICULO 265. En los centros de internamiento de niños infractores se llevará un registro y un

expediente por cada niño que ingrese, los que serán reservados.

 

El registro deberá ser foliado, sellado y autorizado por la institución de la que dependa el centro,

donde se consignarán los datos personales, día y hora de ingreso, motivo del internamiento,

traslados, salidas, liberación y entrega del niño a sus padres o representantes legales, así como

cualquier otra información que se considere pertinente.

 

CAPITULO VIII

 

DE LA RESTITUCION DE LOS DERECHOS

 

ARTICULO 266. Las acciones que tengan como finalidad restablecer a un niño en el goce de sus

derechos serán ejercitadas ante el Juez de la Niñez competente.

 

Las acciones en esta materia serán públicas.

 

En los correspondientes juicios se procederá breve y sumariamente.

 

ARTICULO 267. En el juicio que tenga por objeto una obligación de hacer o no hacer respecto a

los derechos sociales y difusos de un niño, el juez ordenará su cumplimiento o dictará providencias

que le aseguren su resultado en un plazo razonablemente breve.

 

ARTICULO 268. Una vez ejercitada una acción de restitución de derechos ésta no podrá ser

retirada ni desistida.

 

LIBRO III

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES Y

DISPOSICIONES FINALES Y

TRANSITORIAS

 

TITULO I

 

DE LAS CUESTIONES INSTITUCIONALES

 

CAPITULO UNICO

 

DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

 

ARTICULO 269. La Junta Nacional de Bienestar Social será el órgano encargado de coordinar a

los sectores públicos y privados para el estudio, promoción, ejecución y fiscalización de las políticas

generales de prevención y protección integral a la niñez.

 

ARTICULO 270. La Junta Nacional de Bienestar Social creará y fomentará servicios:

 

a) Socio-educativos para niños infractores a la ley penal con personal capacitado en el área social,

pedagógica, psicológica y legal;

 

b) Para niños amenazados o privados de sus derechos que estén en proceso de encontrar un hogar;

y

 

c) Sociales, psicológicos, psiquiátricos y otros especiales que se consideren necesarios para apoyar

el sano desarrollo de la niñez.

 

ARTICULO 271. Las consejerías de familia u otras entidades análogas que cree el Estado y los

centros de bienestar social y de seguridad pública serán organismos ejecutivos de las cuestiones de

su competencia.

 

ARTICULO 272. Las entidades privadas autorizadas por el Estado para prestarle servicios a la

niñez podrán, previo acuerdo con los organismos públicos, ejecutar políticas nacionales vinculadas

con los niños en cuestiones médicas, psicológicas, psiquiátricas, sociales, legales y demás análogas.

Podrán, asimismo, administrar fondos públicos.

 

ARTICULO 273. Los establecimientos de prevención y protección a la niñez, públicos y privados,

estarán sujetos al control y vigilancia de la Junta Nacional de Bienestar Social. A ella informarán de

sus actividades y programas con la periodicidad y en la forma que la misma determine.

 

Estarán, además, salvo causa justificada, obligados a admitir los casos que les sean remitidos por los

juzgados competentes.

 

ARTICULO 274. La Junta Nacional de Bienestar Social creará consejos, procuradurías de niños u

otros organismos de carácter local para que colaboren con ella en su labor de protección y

promoción de los derechos de los niños y en la detección de amenazas o violaciones de tales

derechos.

 

ARTICULO 275. Las entidades a que se refiere el artículo anterior podrán intervenir cuando:

 

a) Un niño sea sujeto activo o pasivo de un delito, para notificar de inmediato a las autoridades

competentes y al Ministerio Público;

 

b) Se vuelva necesaria la protección o restitución de los derechos sociales y difusos de los niños;

 

c) La conducta de un niño implique grave perjuicio para él mismo; y

 

ch) Deba darse seguimiento a los casos por ellos conocidos y a los resueltos por los juzgados

competentes que les hayan sido remitidos.

 

ARTICULO 276. La forma de integración de los consejos u organismos locales a que se refieren

los artículos precedentes y los requisitos que deben reunirse para formar parte de los mismos, serán

reglamentariamente determinados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y

Justicia a propuesta de la Junta Nacional de Bienestar Social.

 

ARTICULO 277. Los Juzgados de Letras de la Niñez serán los organismos encargados de

conocer de todos los asuntos relacionados con niños infractores, así como de los casos en que sea

necesario restituirle a un niño sus derechos conculcados.

 

Tales Juzgados sustituirán a los Juzgados de Letras de Menores a la fecha existentes.

 

ARTICULO 278. La Corte Suprema de Justicia determinará la estructura y personal necesarios

para el funcionamiento de los Juzgados de Letras de la Niñez.

 

ARTICULO 279. Para ser Juez de la Niñez se requiere ser hondureño, mayor de veinticinco años,

del estado seglar, de reconocida honorabilidad y ostentar el título de Abogado o Licenciado en

Ciencias Jurídicas y Sociales, estar debidamente colegiado y contar con suficiente experiencia.

 

TITULO II

 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 

CAPITULO UNICO

 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 

ARTICULO 280. A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Código los Juzgados de

Letras de Menores que existen en el país se denominarán Juzgados de Letras de la Niñez y

cumplirán sus cometidos de acuerdo con sus disposiciones.

 

ARTICULO 281. Las multas a que este Código se refiere serán pagadas en la Tesorería General

de la República o en las instituciones del sistema financiero que la Secretaría de Estado en los

Despachos de Hacienda y Crédito Público haya autorizado para efectuar recaudaciones por cuenta

del Estado.

 

La interposición de recursos contra las multas impuestas no suspenderán la obligación de pagarlas

inmediatamente. En caso de contravención, las que se encuentren pendientes devengarán el interés

activo más alto que se halle vigente en el sistema bancario nacional.

 

ARTICULO 282. Los montos de las multas serán actualizados tomando como base el índice de

precios al consumidor que haya dado a conocer el Banco Central de Honduras a la fecha de

imposición de aquéllas.

 

ARTICULO 283. Los asuntos relacionados con infracciones a la ley penal que se encuentren en

trámite a la fecha de entrada en vigencia del presente Código, se tramitarán y resolverán de acuerdo

con lo prescrito por la Ley de Jurisdicción de Menores. Las medidas a aplicar, sin embargo, serán

las previstas en este Código.

 

ARTICULO 284. Salvo para los efectos previstos en el artículo anterior, el presente Código

deroga la Ley de Jurisdicción de Menores contenida en el Decreto número 92 del 24 de noviembre

de 1969. Deroga, asimismo, los artículos 42 y 112 de la Ley de Policía, contenida en el Decreto

número 7 del 8 de febrero de 1906 emitido por delegación de la Asamblea Nacional Constituyente

por medio del Decreto número 76 del 19 de enero de 1906; 67 y 68 de la Ley del Servicio Militar

contenida en el Decreto número 98-85 del 11 de julio de 1985; 129, 137, 138, 145, 146, 147,

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 164, 169, 170, 171, 172 y 206 del Código de

Familia; 31, 32, párrafo tercero, 33, 128, 129, 131, 133, 173, 174, 188 y 190 del Código de

Trabajo y las demás disposiciones legales que se le opongan.

 

ARTICULO 285. Refórmase el artículos 4 de la Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social,

contenida en el Decreto número 12-90 del 22 de febrero de 1990, que en lo sucesivo se leerán así:

 

"ARTICULO 4. El Fondo, para los efectos del artículo anterior, podrá:

 

a) ...;

 

b) ...;

 

c) ...;

 

ch) ...;

 

d) ...;

 

e) Promover y financiar programas y proyectos de generación de empleo temporal y estacional para

grupos urbanos y rurales afectados por situaciones de emergencia o por su difícil inserción en el

mercado de trabajo o para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los niños que, conforme

el Código de la Niñez y de la Adolescencia, pueden realizar labores remuneradas;

 

f) ...;

 

g) ...;

 

h) ...".

 

ARTICULO 286. Refórmase el numeral 3 del artículo 180 del Código de Familia que en lo

sucesivo se leera así:

 

"ARTICULO 180. La inscripción de la adopción, además de las indicaciones comunes a toda

inscripción, deberá contener:

 

1) ...;

 

2) ...; y

 

3) Referencia a la resolución en que se autoriza la adopción".

 

ARTICULO 287. Lo no previsto en el presente Código se resolverá de acuerdo con lo

establecido en el Código Penal, en el Código de Procedimiento en Material Penal y en el Código de

Familia.

 

ARTICULO 288. El presente Código entrará en vigencia el día de su públicación en el Diario

Oficial "La Gaceta".

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los ... días del mes de ... de mil novecientos

noventa y seis.

 

 

 

        CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

 

                         PRESIDENTE

 

 ROBERTO MICHELLETI

 BAIN

 

 SECRETARIO

 

                                 SALOMON SORTO DEL

                                 CID

 

                                 SECRETARIO